La Contraloría Municipal reveló que la administración de Donamaris Ramírez no es transparente con el tanqueo de gasolina y suministro de aceite a los vehículos oficiales.

Según la Contraloría, en 2014 cualquier funcionario que manejara vehículo oficial estaba autorizado para acercarse a una gasolinera y llenar su vehículo sin ningún control.

La conclusión resultó del seguimiento al contrato 0691 de 2014, por 185 millones de pesos, entre la alcaldía y la estación de servicios Texaco N°1, que a mitad de 2015 amenazó con dejar sin combustible a los carros oficiales, pues no le habían pagado.

El descontrol se comprobó porque en la descripción de la necesidad, el municipio no estableció cuál era el parque automotor oficial ni identificó cuáles eran los vehículos que se debían tanquear.

Aunque el contrato tenía como supervisor al secretario de Tránsito, Javier Ardila, no había figura responsable y competente para organizar quién y que autos tanqueaban.

La Contraloría dice que el supervisor “se limitó a expedir autorizaciones manuales (papelitos) sin ningún tipo de control o formato debidamente institucionalizado donde se pudiese evidenciar la placa y descripción del vehículo, identificación del conductor o kilometraje antes de tanquear”.

Según el contralor, Carlos Eduardo Coronel, ese desorden no permitió que los recursos se administraran de manera correcta, pues los vehículos de la alcaldía se movían por la ciudad en días festivos y domingos, sin ser laborables.

Factura que llaman la atención

A la Contraloría le llama la atención la factura 17034, del 20 de diciembre, en donde el operador cobra 113 cuartos de aceite para motor, por 2 millones 34 mil pesos, y 11 filtros de aceite por 77 mil pesos, comprados todos en un mes para 11 vehículos (unos 10,2 cuartos por carro al mes).

Otra factura es la 17048, de 21 de octubre, por 2 millones 142 mil pesos, para suministrar 119 cuartos de aceite y 12 filtros por 84 mil pesos, para los mismos 11 carros. Esto demuestra que estarían ocurriendo dos situaciones: o malgasto del dinero, o que estaban en mal estado de los motores de los vehículos oficiales.

Para la contraloría hay un daño total por lo cual solicitó una respuesta a la administración de Ramírez en un término no superior a 10 días.

'Contralor me persigue'

El alcalde, Donamaris Ramírez, se limitó a decir que no cree que hubo malgasto del recurso público ni cree en lo que dice el contralor.

“Creo que el contralor fue una persona parcializada, con intereses propios, que tuvo siempre su propia hoja de ruta y debe demostrar lo que dice cuando inicie un proceso de responsabilidad fiscal”, dijo y aseguró que el contralor ha hecho con él una cacería de brujas.

Tipo de hallazgos

En este caso, la Contraloría advirtió de la posibilidad de daños con incidencia en lo administrativo, en lo disciplinario, en lo penal y en lo fiscal, por lo cual ya comunicó lo hallado a la Procuraduría y en la Fiscalía.

El presunto daño patrimonial al Estado, cuantificado en 185 millones de pesos, involucra al alcalde y a su asesor de contratación Jimmy Galán y a su equipo de contratación y al supervisor Javier Ardila, ahora retirado del cargo.