La orden que el superintendente nacional de Salud, Norman Julio Muñoz, les impartió a las EPS de Cúcuta en cuanto a que la atención para los ancianos y los niños tenía que ser prioritaria, la ignoran tranquilamente los gerentes de las empresas prestadoras.

Un claro ejemplo de ello sucede con la niña Zoraida Gibelli Botello, de 7 años, quien se encuentra recluida en una habitación del hospital Erasmo Meoz, a la espera de que la EPS Caprecom le ordene su traslado a un centro médico de cuarto nivel en Bogotá o Bucaramanga.

La madre de la menor, Zorayda Ortega, denunció que este martes completó 17 días esperando la autorización de Caprecom o en su defecto de la IPS Vihonco, que es la contratista de la EPS, “pero ambas se tiran la pelota y ninguna ha procedido a atender a mi hija”.

Nicolar Salazar, director de la fundación Provida, responsabilizó a Caprecom de lo que le llegue a pasar a la niña, pues ella padece de un síndrome nefrotico (daño renal crónico) que la tiene al borde de la muerte.

En varias ocasiones La Opinión intentó comunicarse con Caprecom y con Vihonco, pero sus representantes no respondieron a ninguna de las llamadas que se les hizo vía telefónica.