El Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, reveló este viernes que el Gobierno Nacional sí está estudiando la posibilidad de darle facultades excepcionales al Presidente de la República, Juan Manuel Santos, para que el desarrollo del Marco Jurídico para la Paz no pase necesariamente por el Congreso.

Así lo indicó desde la Universidad de Harvard en Estados Unidos en entrevista a Blu Radio, en donde explicó que originalmente es el Congreso el que tiene que desarrollar el Marco para la Paz mediante leyes estatutarias.

“Se trata de la posibilidad de convocar un referendo modificatorio de la Constitución. (…) Me parece que también es posible de que el desarrollo no solamente lo pueda hacer el Congreso sino que el Presidente tenga facultades excepcionales para hacer estos desarrollos”, señaló.

El fiscal explicó que ha participado en las reuniones que viene adelantado el Gobierno e indicó que la idea es que los colombianos deciden si se le dan o no esas facultades al Presidente. Antes de esto, el Gobierno tendría que presentar un proyecto ante el Congreso que aprobaría la pregunta a responder por los ciudadanos en términos de “sí o no”.

“Los tiempos son estrechos pero considero que aún hay tiempo para impulsar esta muy importante iniciativa”. En ese sentido, el Presidente podría desarrollar temas que están en el Marco para la Paz cómo quiénes son los máximos responsables, cómo funcionarían las comisiones de la verdad, cómo se adelantarían los procesos penales a guerrilleros, entre otros.

“La importancia es que habría un pronunciamiento popular, es importante porque en este momento no tiene herramientas jurídicas para la desmovilización inmediata o para ubicar a la guerrilla en zonas especiales como lo plantea el expresidente Uribe”, agregó el Montealegre.

Insistió en que no es necesario que se firmen los acuerdos de paz con la guerrilla para realizar este referendo en el próximo mes de octubre e indicó que hacerlo ahora podría dar herramientas para aplicar de forma inmediata la implementación de los mismos y no dejar en el limbo a los guerrilleros.

“No se trata de un cheque en blanco porque el Presidente tiene unos límites consagrados en la Constitución, que fueron avalados por la Corte Constitucional que, a su vez, introdujo nuevos límites”, apuntó.