Luego de las denuncias realizadas sobre que las Farc utilizaron a la población civil como escudo durante los enfrentamientos que tuvieron con el Ejército en Ituango, Antioquia, el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, pidió al Gobierno que los problemas que afronta la rama judicial no sean excusa para aplicar la justicia a los miembros de esta guerrilla, según se acordó.

“Si bien el país lamenta los cuestionamientos que actualmente afectan a ese alto tribunal, y que han conllevado a investigaciones en curso, no puede desconocerse el papel de la Corte en defensa de los derechos humanos, ni puede asumirse esa situación como pretexto para soslayar el Marco Jurídico para la Paz y manipular las alternativas que ofrece la justicia transicional”, señaló.

Asimismo, aseguró que no es “coherente” aludir a los protocolos del Derecho Internacional Humanitario para obtener beneficios jurídicos, cuando las Farc infringen las normas internacionales de los derechos humanos, como sucedió en Antioquia en el momento en que usaron personal civil como escudo.

Otálora Gómez agregó que no se debe mezclar el aparente cumplimiento del cese al fuego del grupo armado con la coexistencia de situaciones como la extorsión o las amenazas que vienen afectando a los colombianos en diferentes rincones del país.

Por esto, dijo que aunque apoya decididamente las negociaciones de paz, “no comparte la intención de acomodar beneficios en detrimento de los derechos humanos”.