Los delitos sexuales de paramilitares y las ejecuciones extrajudiciales de civiles cometidas por militares en el país son "fuente de preocupación" para la fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), dijo en Bogotá su vicefiscal, James Stewart.

Stewart, invitado a un foro sobre justicia transicional en Colombia, aseguró que los procesos judiciales contra miembros de las guerrillas que han participado en el conflicto armado de más de 50 años y que han cometido crímenes de guerra, son "genuinos", mientras que los delitos sexuales atribuidos a paramilitares de derecha no han sido suficientemente investigados.

"Los crímenes de naturaleza sexual y basados en consideraciones de género presuntamente cometidos en el conflicto armado fueron un rasgo central de los casos contra los paramilitares", señaló Stewart. Sin embargo, agregó que "las autoridades nacionales no parecerían haber avanzado mucho en la investigación de estos crímenes".

Las milicias irregulares de extrema derecha, surgidas hacia los años 1980 para combatir grupos armados de izquierda pero que terminaron desplazando y masacrando a centenares de civiles y traficando con drogas, se desmovilizaron masivamente durante el primer gobierno de Álvaro Uribe (2002-2006).

Tras dejar las armas, los exparamilitares se acogieron a la ley de Justicia y Paz de 2005, que les concedió una pena máxima de ocho años de prisión a cambio de compromisos de verdad y reparación para las víctimas.

La CPI llegó a esta conclusión en un informe sobre Colombia tras su adhesión en 2002 a ese órgano judicial de las Naciones Unidas, según Stewart.

En el diagnóstico sobre el país, "los casos que involucraban 'falsos positivos' eran otra fuente de preocupación para la Fiscal (General de la CPI, la gambiana Fatou Bensouda)", agregó en el encuentro en Bogotá, organizado por la privada Universidad del Rosario.

Para el investigador, los "falsos positivos" o ejecuciones extrajudiciales en las que militares presentaron a cientos de civiles como guerrilleros muertos en combate para obtener ascensos, tampoco han sido investigados a fondo.

Stewart argumentó que "las actuaciones por los presuntos crímenes no se habían centrado en las personas que podrían tener mayor responsabilidad dentro de la jerarquía militar", pese a las más de 817 sentencias condenatorias contra miembros de la Fuerza Pública por estos crímenes, según cifras recientes de la fiscalía colombiana.

"El hecho de que no se investigue la responsabilidad en los más altos niveles de las autoridades militares afectará la posición que la Fiscal de la CPI adopte respecto de la admisibilidad de tales casos ante la Corte", advirtió Stewart, a propósito de las decisiones que pueda tomar sobre Colombia ese órgano internacional que juzga y sanciona el genocidio y los crímenes de guerra ocurridos en sus Estados miembros.

En abril pasado, la fiscalía colombiana anunció que investigaba a 22 generales del Ejército por estos hechos.