María Alexandra Rodríguez Mondragón y Andrés Felipe Roa Gutiérrez, hija y yerno de Gilberto Rodríguez Orejuela, fueron condenados a cuatro años de prisión y una multa de 1.000 salarios mínimos legales, como responsables del delito de extorsión agravada.

La decisión obedece al preacuerdo suscrito entre la Fiscalía General de la Nación y la defensa de los procesados, el cual fue avalado por un juez de Bogotá con función de conocimiento. Con la sentencia también fueron afectados, en las mismas condiciones, Luis Faver Osorio y Ramiro de Jesús Zuluaga López.

Según la investigación de la Fiscalía, los hoy condenados participaron en los hechos ocurridos entre 2012 y 2013, cuando la víctima hizo la entrega de cinco propiedades a cambio de una finca en zona rural de la localidad de Barrancas, en el municipio de Palmira (Valle del Cauca).

Se conoció que el 26 de noviembre de 2012, Ramiro Zuluaga López, quien había negociado la finca con la víctima, le presentó a alias El Canoso, quien le comunicó que esa finca que había negociado lo tenía en problemas, ya que era propiedad de los “R”, es decir, los Rodríguez Orejuela.

La víctima le preguntó a Ramiro Zuluaga sobre esa situación, ante lo cual respondió que él está haciendo lo posible para que no le den muerte, ya que las propiedades de los “R” nadie las toca.

Atemorizado por la situación una y otra vez, el comprador expresó su deseo de entregar el predio sin ningún problema, pero de nuevo fue constreñido para que cancelara por lo menos mil millones de pesos, a cambio de no atentar contra su vida o la de sus familiares.

En por lo menos tres ocasiones la víctima fue citada en distintas partes de centros comerciales de Cali, citas a las cuales siempre acudió Alexandra Rodríguez, al igual que su esposo Andrés Felipe Roa Gutiérrez, quienes se encargaban de presionar el pago del dinero.

La víctima, en dichas ocasiones durante el 2012, hizo entrega de 275 millones de pesos, pero siguió siendo presionado para que cubriera el monto total exigido.

No obstante, luego de ser amenazado y constreñido para que pagara la totalidad del dinero, firmó tres letras en las que se comprometía a cancelar los mil millones en varias cuotas; pero ante la difícil situación decidió abandonar el país, junto con su familia.

A comienzos del 2014, una vez fuera del país, la víctima comenzó a realizar las denuncias correspondientes, y la Fiscalía General de la Nación inició una investigación que permitió conocer pormenores de los hechos, llegando a establecer que la hija de Gilberto Rodríguez Orejuela, pese a tener prisión domiciliaria y ser vigilada con brazalete electrónico, acudía junto con su esposo a cada una de las citas para presionar el pago del dinero.

Los sentenciados permanecen privados de la libertad, pues el juez en su providencia negó cualquier beneficio como la suspensión condicional de la pena o la prisión domiciliaria.