El gobierno del presidente peruano, Martín Vizcarra, recurrió este lunes ante el Tribunal Constitucional para intentar paralizar el proceso de destitución del mandatario que el Congreso votará el viernes.

Paralelamente, el gobernante de 57 años se disculpó ante sus compatriotas por los comprometedores audios filtrados que generaron esta sorpresiva crisis, y afirmó que el jefe del parlamento, Manuel Merino, quien lo sustituiría en el mando si es removido, es parte de una "conspiración" en su contra.

"Se ha procedido a presentar la demanda competencial del Poder Ejecutivo contra el Congreso (...). Existe un uso indebido del Congreso" de la facultad para declarar la "incapacidad moral" del presidente, informó el procurador de temas constitucionales del Ministerio de Justicia, Luis Alberto Huerta.

El Congreso debe votar la destitución de Vizcarra por haber supuestamente instado a mentir a dos asesoras ante una comisión parlamentaria en un caso de presuntas irregularidades en el contrato de un cantante, según los audios difundidos el jueves.

Pero Vizcarra, que ha tenido altos índices de popularidad en sus dos años y medio en el poder, insistió este lunes en un mensaje al país por televisión en que no ha cometido delitos y prometió colaborar en las indagaciones de la fiscalía. Además, arremetió contra el jefe del parlamento.

"¿Por qué el presidente del Congreso ha tratado y se ha comunicado con altos mandos militares, e incluso planeado pseudos gabinetes de quienes asumirían después de mi vacancia? Eso es conspiración, señores", declaró el mandatario.

Vizcarra, que carece de partido y bancada, debe comparecer ante el plenario este viernes para ofrecer sus descargos, tras lo cual los 130 legisladores debatirán y procederán a votar. Se necesitan 87 votos para destituirlo.

Sin embargo, la votación del parlamento podría ser suspendida por orden del Tribunal Constitucional, aunque no se pronuncie de inmediato sobre el fondo del recurso presentado este lunes, según Eloy Espinosa-Saldaña, uno de los siete magistrados de esa corte, cuyos fallos son inapelables.

"Nosotros lo que tenemos es el poder de paralizar el trámite del proceso de vacancia si consideramos que hay elementos, indicios, de violación de competencias" por parte del Congreso, dijo el magistrado al canal América Televisión.

"Eso significa que el día 18 estaba programada una sesión para vacar al presidente y si hay una [medida] cautelar dada por nosotros, esa sesión no podría darse", aclaró.

El mandato de Vizcarra culmina el 28 de julio de 2021, y las elecciones presidenciales y legislativas están convocadas para abril del próximo año.

Iglesia y empresarios

En medio de esta crisis institucional que levanta nubarrones sobre la economía, la organización de la cúpula empresarial peruana, la Confiep, pidió a los poderes del Estado "unidad para enfrentar la delicada emergencia económica y sanitaria".

Por su lado, la Iglesia Católica llamó al Congreso desestimar la moción contra el presidente y destinar los esfuerzos a mejorar la atención de los enfermos con covid-19 en el país más enlutado del mundo en proporción a su población.

"Una vacancia presidencial, en estos momentos, sería catastrófica para el Perú", expresó el cardenal Pedro Barreto.

Entre tanto, las dos asesoras de Vizcarra que hablan con él en los polémicos audios dejaron sus cargos.

Mirian Morales, mano derecha de Vizcarra, renunció a su puesto de secretaria general de Palacio de Gobierno, mientras que la asistente del presidente, Karem Roca, fue despedida, dijeron las autoridades.

Las casas de ambas fueron allanadas el sábado por la fiscalía en busca de documentación, así como las viviendas de cinco funcionarios del Ministerio de Cultura investigados por los contratos al cantante Richard Cisneros, que desataron esta crisis. La casa del artista también fue allanada.

Censura a ministra

En medio de esta convulsión política, el Congreso tiene previsto votar este lunes una moción de censura a la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva, que de ser aprobada implica su salida del cargo.

Economista de 35 años muy cercana a Vizcarra, Alva dirige las finanzas peruanas desde hace casi un año, pero quedó en la mira de parlamentarios opositores por el manejo económico durante la pandemia.

Los opositores critican su plan de reactivación, que busca sacar al país de la recesión en que se sumió Perú tras una larga cuarentena nacional por la pandemia. El PIB peruano se desplomó 30% en el segundo trimestre y el Banco Central prevé una caída de 12,5% en el año.

La cruzada contra la ministra comenzó antes de que estallara la crisis política, que ha tenido efectos nocivos para la economía en uno de los países más afectados por la pandemia en el mundo, con casi 730.000 contagios y más de 30.000 muertos. El dólar ha subido y cayeron la bolsa y los bonos peruanos en el exterior.