Tariq al-Hashemi, un suní y quien ha negado las acusaciones, huyó del país después que el gobierno chií le acusó en diciembre de terrorismo. El caso desató una crisis en el gobierno iraquí y fomentó el resentimiento de suníes y curdos contra el primer ministro Nuri al-Maliki, un chií que según sus detractores tiene monopolizado el poder.
       
El tribunal de Bagdad permaneció silencioso el domingo al leer el juez el fallo contra al-Hashemi y su cuñado, acusados de tramar los asesinatos de un funcionario de seguridad chií y de un abogado que se negó a ayudar a los aliados del vicepresidente en casos de terrorismo.
 
El tribunal los condenó a muerte en la horca, en ausencia. Disponen de 30 días para apelar.
 
El juez dijo que al-Hashemi, refugiado en Turquía, fue absuelto en un tercer caso relacionado con la muerte de un funcionario de seguridad por falta de pruebas.

El caso ocasionó el resentimiento en la minoría suní iraquí y el propio al-Hashemi rechazó las acusaciones por considerarlas una venganza política de su rival de antaño, al-Maliki.

El equipo defensor comenzó su alegato de cierre con una contundente acusación del sistema judicial, al que acusó de carecer de independencia y de dar la razón al gobierno chií.
 
"Desde el principio y durante el juicio ha sido obvio que el sistema judicial iraquí ha sido presionado políticamente", denunció al tribunal el abogado Muayad Obeid al-Ezzi, quien dirigió el equipo defensor.
 
El juez le advirtió de inmediato que el tribunal iniciaría procedimientos legales contra el equipo defensor si seguía acusando a la judicatura o al sistema judicial.
 
El juicio, que comenzó en el segundo trimestre, tuvo en total 10 audiencias con declaraciones de los antiguos guardaespaldas del vicepresidente, quienes aseguraron que recibieron órdenes de realizar los ataques. Las fuerzas gubernamentales que encontraron armas en el allanamiento de la vivienda de al-Hashemi y la de su cuñado, declararon igualmente en el caso, así como los familiares de las víctimas.