Los ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) aprobaron este lunes sancionar a otras 11 personas con cargos oficiales en Venezuela, entre ellos los vicepresidentes Delcy Rodríguez y Tareck el Aissami, al considerar que han "violado derechos humanos y socavado la democracia y el Estado de derecho".

La UE amplía así la lista de responsables del Gobierno de Nicolás Maduro a los que ha impuesto la prohibición de viajar a territorio comunitario y la congelación de los bienes que puedan tener en la Unión.

En total, desde la creación de la lista negra en enero, se han añadido 18 personas.

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En esta ocasión, han sido incluidos los vicepresidentes El Aissami, también ministro de Industrias y Producción Nacional, y Rodríguez.

También figuran Sergio José Rivero, inspector general de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana; Jesús Rafael Suárez, comandante general del Ejército Bolivariano; Iván Hernández, jefe de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, o Elías José Jaua Milano, ministro del Poder Popular para la Educación.

Completan la lista Sandra Oblitas, vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE); Freddy Alirio Bernal, director del Centro Nacional de Mando y Control de los Comités Locales de

Abastecimiento y Producción; Katherine Nayarith Harrington, vicefiscal general; Socorro Elizabeth Hernández, miembro del CNE y la Junta Nacional Electoral, y Xavier Antonio Moreno, secretario general del CNE.

En su reunión de finales de mayo, los ministros ya acordaron tomar nuevas medidas restrictivas "selectivas" y "reversibles" que no perjudicaran al pueblo venezolano en respuesta a las elecciones presidenciales recientemente celebradas en Venezuela, que la UE no consideró "ni libres ni justas".

En su opinión, el proceso electoral no ofreció las garantías necesarias para resultar inclusivo y democrático, por lo que llamaron a celebrar nuevos comicios "de conformidad con las normas democráticas internacionalmente reconocidas y el orden constitucional venezolano".

La UE también reiteró entonces la necesidad de respetar a todas las instituciones democráticamente elegidas, en particular la Asamblea Nacional, liberar a todos los presos políticos y defender los principios democráticos, el Estado de Derecho y los derechos humanos.

Los Veintiocho han dejado claro que sus sanciones van enfocadas a promover "soluciones democráticas capaces de garantizar la estabilidad política del país y que permitan a Venezuela atender a las acuciantes necesidades de la población".