Una de las noticias más sonadas de enero fue la salida de Uber, que se materializó finalmente el sábado pasado. Esta medida se dio partir de un fallo de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) en un proceso por competencia desleal.

La compañía tasó los daños de la decisión en 250 millones de dólares, y el 30 de diciembre notificaron al gobierno que tenían la intención de demandarlo.

De acuerdo con la plataforma, las acciones del gobierno contra Uber violan el Tratado de Libre Comercio. También dieron a entender en su comunicación que está siendo discriminada, porque no se han tomado medidas similares en contra de los competidores de Uber en el mercado local.

En la comunicación, la empresa señala que “el Estado omitió brindar a Uber y a sus inversiones el mismo trato favorable que le proveen a inversionistas nacionales y de terceros países en las plataformas de movilidad; que incumplió su obligación de brindar un trato justo y equitativo a inversionistas estadounidenses; y que así mismo, incumplió el Tratado al adoptar medidas que tienen efectos expropiatorios y han causado millonarios perjuicios a la compañía”.

Además, en opinión de la compañía, estas acciones de “bloquear la aplicación” atentan contra la neutralidad de la red y constituyen “un acto de censura”.

Finalmente, la empresa tecnológica reiteró en su comunicación que “quieren encontrar una solución a la controversia”.