El Tribunal Supremo español suspendió cautelarmente este martes la exhumación del dictador Francisco Franco de su mausoleo en las afueras de Madrid, en un nuevo retraso para uno de los planes estrella del gobierno de Pedro Sánchez.
   
El Tribunal Supremo indicó en un comunicado que una de sus salas "ha decidido por unanimidad suspender cautelarmente la exhumación de los restos de don Francisco Franco Bahamonde, que debía llevarse a cabo el 10 de junio".
   
La decisión es temporal para dar tiempo a la resolución de los recursos presentados por la familia del dictador, enterrado con honores en la basílica del faraónico complejo del Valle de los Caídos en las afueras de Madrid.
   
"La razón en que descansa esa decisión es la de evitar el perjuicio que, de otro modo, se causaría a los recurrentes (...) si, exhumados esos restos, se estimara el recurso y fuera preciso devolverlos al lugar en que se hallan", argumentó el Supremo en su comunicado.
   
El ejecutivo anunció en una breve nota que "pospondrá la ejecución de la exhumación hasta que en los próximos meses se dicte Sentencia sobre el fondo del asunto".
   
Aún así, se muestra "convencido de que el Tribunal Supremo desestimará este recurso".
   
La Fundación Francisco Franco, que defiende la memoria del 'Caudillo', celebró en un comunicado el "nuevo varapalo judicial al gobierno ante sus ilegales pretensiones de profanar el cadáver de Francisco Franco".
   
El "Generalísimo", uno de los instigadores del levantamiento militar contra la República española en 1936 que desencadenó tres años de una sangrienta guerra civil, gobernó con mano de hierro al país entre 1939 y su fallecimiento en 1975.
   
Sin embargo, en una curiosidad que no pasó desapercibida para algunos líderes de izquierda, el auto del Supremo adopta la versión franquista de la historia, considerando al dictador jefe de Estado desde octubre de 1936, con el gobierno legítimo de la República todavía vigente.
   
Al morir fue enterrado en el Valle de los Caídos, un faraónico mausoleo que él hizo construir entre los 1940 y 1950, en gran parte utilizando como mano de obra a miles de prisioneros políticos.
   
Su tumba, siempre cubierta de flores frescas y venerada por los nostálgicos del franquismo, se halla ante el altar de la basílica horadada en el flanco de una montaña y coronada por una cruz de 150 metros de alto.
   
En el complejo fueron enterrados 27.000 combatientes del bando insurrecto así como alrededor de 10.000 soldados republicanos, trasladados sin el permiso de sus familias desde fosas comunes.

Un año de batalla judicial
   
Constituye un "lugar de exaltación" inaceptable para Pedro Sánchez (PSOE) que, a poco de llegar al poder en junio de 2018, convirtió su exhumación en uno de sus principales caballos de batalla.
   
Aunque querían llevarla a cabo durante el verano boreal de 2018, el ejecutivo se encontró con una guerrilla judicial con los herederos del dictador y la resistencia de los monjes benedictinos que mantienen el mausoleo.
   
Sánchez necesitó obtener la luz verde del Vaticano y rechazar la proposición de la familia de reinhumar al dictador junto a su hija en una cripta en la catedral de la Almudena, frente al peligro que significaría erigir un lugar de peregrinaje franquista en el corazón de Madrid.
   
En su lugar, el gobierno escogió el cementerio de El Pardo, un espacio más discreto en el norte de Madrid, donde ya descansan los restos de la mujer de Franco.
   
Más de cuarenta años después del fin de la dictadura, las heridas siguen sin cerrarse y la cuestión de la memoria histórica de ese periodo es divisiva.
   
El anterior gobierno del PSOE, de José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011), aprobó en 2007 una ley de memoria histórica para retirar los vestigios de la dictadura, identificar a las decenas de miles de enterrados en fosas comunes y rehabilitar la memoria de los vencidos, condenados bajo el franquismo.
   
La derecha recela de estas políticas y acusa a los socialistas de reabrir heridas del pasado que, según ellos, están cerradas.
   
De hecho, el conservador Mariano Rajoy, en el poder hasta la moción de censura lograda en 2018 por Sánchez, se jactaba de no haber gastado ni un euro para aplicar esta ley.