La opositora peruana Keiko Fujimori deberá esperar al menos 36 horas para conocer una decisión sobre el pedido de prisión preventiva en su contra, luego de que su audiencia fuera suspendida, en una coyuntura en que nuevas declaraciones de testigos y colaboradores eficaces aparecen para complicarla.

El juez Richard Concepción Carhuancho suspendió este domingo la audiencia de prisión preventiva contra Keiko Fujimori y otros once investigados por el delito de lavado de activos, al acoger el pedido de los abogados defensores que señalaron que el expediente fiscal les llegó incompleto y que los elementos probatorios debían ser presentados de manera individual para cada uno de los investigados.

Para subsanar el pedido, el juez dio un plazo de 24 horas al fiscal de lavado de activos José Domingo Pérez para aportar lo solicitado por los defensores, y anunció que una vez todos reciban el material solicitado, volverá a citar a una audiencia en un plazo de 48 horas.

"Esperemos que la fiscalía cumpla con hacer bien su trabajo, y presente un requerimiento completo. ¿Cómo vamos a venir a defendernos si el expediente no está completo? Y otra cosa es que en la acusación no individualiza las pruebas contra mi patrocinada", expresó Giuliana Loza, abogada de Keiko Fujimori, a la salida de la audiencia.

A partir de esta suspensión, se estima que el miércoles 24 Fujimori y sus colaboradores, entre los que se encuentran los otros líderes de la cúpula del partido Fuerza Popular, Pier Figari y Ana Herz, vuelvan al tribunal.

No se conoce si hasta entonces se sumarán más revelaciones de declaraciones de testigos protegidos y colaboradores eficaces de la Fiscalía, como las que ya han sido publicadas este fin de semana por medios locales.

Entre otras revelaciones, confirman una reunión entre Fujimori y el exjuez César Hinostroza, en marzo pasado, que la líder opositora negó en repetidas ocasiones que haya realmente existido.

El exjuez, ahora detenido en España a pedido de la Fiscalía, es acusado de pertenecer a una red criminal y fue el responsable de ver en abril pasado un recurso de casación que la líder opositora y su esposo, Mark Vito, presentaron ante la Corte Suprema para archivar una investigación sobre lavado de activos denominado "caso cócteles".