Garantizar  la alimentación en los pueblos enseñando a sus moradores a plantar nuevos cultivos y formar a líderes para defender sus derechos son algunos de los grandes retos que afrontan las comunidades de la Amazonía peruana, muchas de las cuales carecen hasta de agua potable.

En un viaje realizado a la zona, el responsable de cooperación de Cáritas Española para Perú, Fernando Foncillas, denuncia el olvido y el abandono de esas comunidades, pese a que sus tierras constituyen la principal fuente de ingresos del país sudamericano gracias a sus enormes recursos naturales que explotan empresas extractoras de minería y petróleo.

“Estamos acompañando a esos pueblos para que se reconozca la titularidad de sus tierras; obligaría al Estado a respetar los derechos sociales y ambientales por ser dueños del territorio, como el derecho a ser consultados ante actividades extractivas, al agua, a la salud, a la educación, a la servidumbre de paso por el oleoducto que atraviesa las comunidades o incluso a ser indemnizados ante los impactos ambientales por los derrames”, explica. 

A las comunidades que hemos visitado solo se puede llegar navegando por el río Morona, afluente del Amazonas, porque el último tramo de carretera está a más de siete horas en barca. Por ellas pasa el oleoducto más largo del Perú, que funciona desde 1977 transportando crudo desde los campos petrolíferos en la Amazonía del norte peruano, cruzando la selva y los Andes, hasta la costa de Bayóvar.

Hace algo más de dos años, 22 comunidades, la mayoría indígenas (kukama, kukamiria, shawi, wampis y awajún, entre otras), se vieron afectadas por una docena de vertidos de crudo en el oleoducto -gestionado por la empresa estatal Petroperú- que tuvo que cerrar durante un año y realizar tareas de limpieza y mantenimiento.

“El agua está contaminada, sigue bajando petróleo, cuando llueve flotan las manchas y no tenemos pozos para coger el agua, no los han construido como dijeron; tenemos que beber agua de lluvia”, explica a la llegada a Tierra Blanca -donde viven once familias- Mercedes Panduro, que está embarazada y es madre de tres niños.

Sus hijos acaban de salir de la escuela, una pequeña cabaña de madera de color azul en cuyo interior encontramos mesas, sillas y una gran pizarra que utilizan 14 alumnos.

La profesora Nancy Vargas -que vive en una comunidad próxima desde la que se desplaza cada día en una pequeña canoa- recuerda cómo el vertido alteró la vida de esa comunidad, que tuvo que dejar de pescar, los animales de caza se han alejado por la tala de árboles que se hicieron para limpiar el crudo y los cultivos resultaron también afectados.

Los agricultores explican que sus cultivos no crecen como antes de los vertidos y que muchas plantas se secan cuando el río crece.

El centro sanitario más próximo está a una hora río abajo, en Puerto América. Es un pequeño consultorio donde hay pocas medicinas y, tras los vertidos, han aumentado los pacientes con afecciones respiratorias (bronquitis, asma), cutáneas y dolores de cabeza, explica el responsable de la red de salud, Oto Torres.

El hospital está a ocho horas en lancha (en San Lorenzo) y el sanitario dice que hace unos días murió un niño con bronquitis al no poder ofrecerle el tratamiento adecuado.

El profesor de esa comunidad, una de la más grandes de esa región -3.000 habitantes-, Carlos Luis Paifo, lamenta que “a pesar de generar los principales ingresos al país, carecemos de todo, solo hay luz dos horas al día gracias a generadores de gasolina, no hay agua, ni conexión a internet”.

Durante la navegación por el río Morona encontramos sacos de restos de vertido de crudo mezclado con arena, que han quedado abandonados y sin recoger por la empresa, que da prácticamente por concluidas las labores de limpieza.

Ayudados por organizaciones de la iglesia española como Cáritas y Pastoral de la Tierra, las comunidades están nombrando líderes y haciendo federaciones para reclamar a las autoridades y a Petroperú que cumplan sus compromisos, como el de construir un pozo cartesiano en cada comunidad para tener agua para beber.

Petroperú sostiene que la mayoría de los vertidos fueron “cortes intencionales del ducto” y que realiza un mantenimiento “constante” de sus instalaciones. También niega que la contaminación del agua por el crudo sea la causa de las dolencias que padecen.