Un grupo de senadores estadounidenses propuso este jueves un proyecto para dar protección migratoria a los venezolanos en respuesta a la crisis política y económica que vive el país. 

El proyecto otorgaría a los venezolanos un estatuto de protección temporal (TPS), una fórmula jurídica que existe en Estados Unidos desde hace décadas que impide la deportación y otorga permiso de trabajo a ciudadanos de países que sufren situaciones de conflicto, crisis humanitarias o desastres naturales. 

El senador republicano Marco Rubio, uno de los impulsores del proyecto, dijo que dar este estatuto de protección le otorgaría una solución temporal a muchos venezolanos que temen volver a su país por la crisis. 

Para el senador demócrata Bob Menéndez darles este estatuto de protección y apoyar los sistemas de inmigración de la región es ser responsable a nivel moral y humanitario. 

"La extraordinaria amplitud de la crisis política, económica y humanitaria ha obligado a millones de venezolanos a huir de su país, lo que ha creado una agitación que ahora se siente por toda la región", dijo el senador demócrata.

El proyecto daría una protección de 18 meses a partir del momento de la aprobación de la ley a personas que ya se encuentren en el territorio estadounidense. 

Venezuela está sumida en una grave crisis política y económica que ha obligado a 2,3 millones de personas a abandonar su país desde 2015, según la ONU.

La crisis ha provocado escasez de alimentos y medicinas y, según el Fondo Monetario Internacional (FMI), la inflación en 2019 alcanzará un nivel de 10.000.000%.

Según denunció el miércoles ante la Organización de Estados Americanos (OEA) el embajador de Colombia Alejandro Ordóñez cada día entran a su país 1.500 venezolanos con vocación de permanencia y ya hay más de 1 millón de ciudadanos del país vecino. 

David Smolansky, un exalcalde venezolano que ahora dirige un grupo técnico de la OEA sobre la crisis, dijo en Twitter: "Día importante para los migrantes de mi país en Estados Unidos". 

Sin embargo, el proyecto tiene un futuro incierto ya que el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump ha anunciado el fin de un programa de protección similar del que gozaban países de Centroamérica, como Honduras y Nicaragua.