Argentina, Chile, Perú, Colombia, Canadá y Paraguay están en conversaciones para denunciar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y a otros funcionarios de su gobierno ante la Corte Penal Interanacional (CPI) por crímenes de lesa humanidad, dijeron fuentes de la OEA.

“La idea es enviarlo en bloque. El hecho de que un país presente una denuncia así supone más beneficios procesales que si un tercero, como una organización, lo hace. Pero que lo presente un conjunto de países tiene aún más peso político”, indicó uno de los informantes.

“Si prospera esta iniciativa, como se espera, sería la primera vez que habría una denuncia de este tipo ante la CPI”, añadió la fuente, que pidió anonimato.

Otra de las fuentes, que también solicitó no ser identificada, indicó que Argentina y Chile lideran las gestiones.

Los presidentes de Colombia, Iván Duque, y de Chile, Sebastián Piñera, ya abogaron públicamente por llevar ante la máxima instancia penal internacional a Maduro y a otros presuntos responsables de violaciones de los derechos humanos en Venezuela, ocurridas en el marco de las protestas antigubernamentales iniciadas hace más de cuatro años.

La denuncia conjunta se basa en el informe de un panel internacional independiente convocado por la secretaría de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que a fines de mayo concluyó que hay “fundamento suficiente” de crímenes de lesa humanidad en Venezuela y recomendó remitir la evidencia a la CPI.

“La secretaría de la OEA ya lo hizo y la Fiscalía de la CPI la está considerando. Esta denuncia en bloque se sumaría a ese planteo”, explicó una de las fuentes.

El informe de los expertos identifica 131 víctimas de asesinatos ocurridos durante las protestas contra el gobierno de Maduro desde 2014, “perpetrados por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado y/o los colectivos”. Además, señala 8.292 ejecuciones documentadas desde 2015.

También da cuenta de 12.000 venezolanos “arbitrariamente detenidos, encarcelados o sujetos a otras severas privaciones de libertad física desde las elecciones presidenciales de 2013”, en las que Maduro fue electo para suceder al fallecido Hugo Chávez.

Más de 1.300 personas han sido o aún están detenidas por su oposición al gobierno, según el panel, que dijo haber comprobado “un evidente nexo de persecución por motivos políticos”.

En junio, el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos calificó de “lamentable” la situación en Venezuela, pidió crear una comisión de investigación internacional y llamó a una mayor “implicación” de la CPI.

El gobierno venezolano consideró el informe de la ONU como una “grotesca farsa”.

En febrero la CPI inició exámenes preliminares por “presuntos crímenes” en Venezuela durante manifestaciones contra Maduro que dejaron unos 125 muertos en 2017.