Rusia entra en 2018 con dos enormes tareas por delante: dar por fin un impulso a su economía que mejore la calidad de vida su población y consolidar sus posiciones en el ámbito internacional.

En clave de política nacional, las elecciones presidenciales que se celebrarán el 18 de marzo próximo no suponen ninguna amenaza para la clase gobernante, pues la reelección del presidente Vladímir Putin para otro período de seis años se da por descontada.

Todos los sondeos le conceden entre un 70 y 80 por ciento de intención de voto en una cita electoral en la que no se vislumbra ningún rival capaz de hacerle la más mínima sombra.

Alexéi Navalni, el único opositor con posibilidades de tener un resultado que pudiera proyectarlo como futuro político de nivel nacional, fue inhabilitado por la Comisión Electoral Central por tener antecedentes penales, decisión que apelará ante la Justicia internacional.

Una de las grandes incógnitas postelectorales es la permanencia al frente del Gobierno de Dmitri Medvédev, quien entre 2008 y 2012 actuó como guardián del sillón presidencial, debido a que Putin, al frente del Kremlin desde 2000, no podía ejercer más de dos mandatos consecutivos, como lo establece la Constitución.

Aunque Rusia ya no se encuentra en recesión, su resultados económicos son todavía muy pobres para el potencial del país.

Según cálculos preliminares, a falta de datos definitivos, el producto interior bruto (PIB) de Rusia en 2017 aumentó en torno al 2 por ciento, incremento insuficiente para el despegue de su economía. lastrada por las sanciones occidentales.

Las estadísticas oficiales señalan que los ingresos reales de la población han caído en los últimos cuatro años, una pérdida acumulada que analistas de la Escuela Superior de Economía calculan en el 19 por ciento.

"La pobreza es uno de los problemas más acuciantes de nuestra economía y la otra cara de la falta de desarrollo económico", admitió Medvédev en una entrevista con varias cadenas locales de televisión.

Nada parece indicar que la Unión Europea, Estados Unidos y otras potencias occidentales vayan a aliviar la presión sobre Moscú por su política frente a la crisis de Ucrania y la anexión de Crimea.

Más bien al contrario, ya que en favor de mantener e, incluso, endurecer las sanciones económicas, se argumenta la presunta injerencia rusa en procesos electorales en Occidente.

La voz cantante en estas acusaciones la lleva, según el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, la clase política de Washington, que es presa de una "histeria rusófoba", que "provoca tensión adicional en la arena mundial".

"Se puede hablar de un nuevo ataque de macartismo, ante el cual, por lo visto, la sociedad estadounidense no quedó totalmente inmunizada", dijo Lavrov en una reciente entrevista al referirse a la "persecución" de los medios rusos RT y Sputnik en EE.UU., cuyas autoridades los declararon "agentes extranjeros".

Hace un año, la llegada de Donald Trump a la Presidencia de EE.UU. era esperada en Rusia como una gran oportunidad de mejorar las relaciones bilaterales y quitar hierro a asuntos espinosos como la crisis ucraniana, pero el desarrollo de los acontecimientos dio al traste con esas esperanzas.

El Gobierno de Trump no solo ha refrendado el compromiso estadounidense de apoyo a Ucrania, sino que ha ido más allá que el de su antecesor, Barack Obama, al autorizar la venta de armamento defensivo a Kiev.

El único ámbito donde parece haber algún nivel de cooperación, no exento de rivalidad, entre Moscú y Washington es la lucha contra el terrorismo internacional.

Este año, Rusia tiene además el desafío de acoger el Mundial de fútbol -toda una prueba de su capacidad organizativa-, evento que le permitirá exhibirse durante un mes ante centenares de millones de aficionados de todo el orbe.