Estados Unidos arrestó a un grupo récord de 1.036 inmigrantes indocumentados en la frontera con México, dijo el jueves el presidente Donald Trump, horas después de anunciar que prevé hacer una declaración importante a más tardar el viernes para abordar el tema migratorio.

“El miércoles, los agentes de la Patrulla Fronteriza detuvieron al mayor grupo de extranjeros ilegales: 1.036 personas que cruzaron ilegalmente la frontera en El Paso alrededor de las 04H00”, dijo Trump en un tuit, acompañando su mensaje con un video de más de dos minutos que muestra decenas de siluetas cruzando una barrera.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP en inglés) dijo en un comunicado que el grupo cruzó el Río Grande en el sector de El Paso, Texas, y fue detenido “de inmediato”.

Todos los integrantes -934 miembros de familias, 63 menores no acompañados y 39 adultos solteros- eran de Guatemala, Honduras o El Salvador.

El CBP dijo que grandes grupos fueron encontrados previamente en esa zona, la última vez el lunes, cuando los agentes detuvieron a 430 personas.

Los 1.036 arrestados el miércoles se suman a los más de 530.000 extranjeros detenidos o encontrados en los puestos de entrada en la frontera suroeste desde el 1 de octubre de 2018.

“¡Los demócratas deben apoyar a nuestra increíble Patrulla Fronteriza y finalmente arreglar los vacíos legales en nuestra Frontera!”, agregó Trump en su tuit. Más temprano, en declaraciones a periodistas en la Casa Blanca, Trump acusó a la oposición, que controla la Cámara baja del Congreso, de bloquear cualquier iniciativa sobre la frontera y de no apoyar legislación para poner fin a lo que calificó de “ridícula” política estadounidense sobre solicitantes de asilo.

Trump dijo entonces que haría próximamente una declaración “de primera liga” sobre la frontera con México, descartando un cierre de los puestos limítrofes.

“Vamos a hacer algo realmente espectacular sobre la frontera”, anunció.

“Será una declaración que tiene que ver con la frontera y con la gente que llega ilegalmente a la frontera”, añadió, calificando el tema de “emergencia nacional”.

Trump no detalló lo que tiene en mente, pero el Washington Post dijo que el mandatario evaluaba la imposición de nuevos aranceles comerciales a México para obligarlo a detener el flujo hacia el norte de personas que huyen de la pobreza y la violencia en el llamado Triángulo del Norte centroamericano, integrado por Guatemala, Honduras y El Salvador.

Lapsus sobre la ayuda rusa

El presidente de EEUU, Donald Trump, reconoció brevemente este jueves en un mensaje en su cuenta de Twitter que Rusia lo ayudó a ganar los comicios de 2016, pero rápidamente dio marcha atrás en comentarios ante la prensa.

Hasta ahora, Trump había sostenido con firmeza que ganó por propio mérito la elección de 2016 frente a la demócrata Hillary Clinton, minimizando el impacto de lo que las agencias de inteligencia estadounidenses señalaron como un esfuerzo ruso concertado para ejercer influencia a su favor.

“¡Rusia, Rusia, Rusia! Eso es todo lo que se pudo escuchar desde el comienzo de esta Caza de Brujas”, tuiteó Trump un día después de que el fiscal especial Robert Mueller hablara públicamente por primera vez desde la publicación de su informe sobre la injerencia rusa en la campaña electoral y una posible obstrucción de la justicia por parte del mandatario durante el proceso de investigación.

“Y ahora Rusia ha desaparecido porque no tuve nada que ver con que Rusia me ayudara a ser elegido”, agregó Trump, quien nuevamente se quejó de ser víctima de lo que denominó “acoso presidencial”.

Más tarde, Trump pareció reconocer su lapsus al decir ante los periodistas en los jardines de la Casa Blanca: “No, Rusia no hizo que me eligieran”.

En su declaración, Mueller se negó a absolver totalmente de responsabilidades a Trump por obstrucción de la justicia: “Si hubiésemos estado seguros de que el presidente claramente no cometió un crimen, lo habríamos dicho”, señaló.

Mueller aclaró que había actuado obligado por la política del Departamento de Justicia que impide acusar a un presidente en ejercicio de un delito, sin importar cuán sólidas sean las pruebas, por lo que queda en manos del Congreso la decisión de iniciar un juicio político.