La disputa por el control del cartel de Sinaloa, del narcotraficante Joaquín “Chapo” Guzmán, condenado a cadena perpetua en Estados Unidos, dejó 16 muertos en enfrentamientos que además forzaron el desplazamiento de pobladores en el noroeste de México. 

Fueron seis horas de disparos el miércoles en Tapuche, a unos 25 km de Culiacán, capital de Sinaloa.

Tras un primer enfrentamiento en un camino se encontró “una camioneta con siete cuerpos sin vida”, y horas después, “se localizaron nueve cuerpos” más en la comunidad, dijo este jueves en rueda de prensa Cristóbal Castañeda, secretario de seguridad de Sinaloa.

Agregó que este enfrentamiento se enmarca en “una pugna entre dos bandas de la delincuencia organizada en la zona”, donde se han registrado otras ocho acciones armadas desde el 29 de mayo, sin víctimas.

También fueron incautadas 40 armas de calibre grueso, diez granadas, más de 36.000 cartuchos y 24 vehículos, precisó Castañeda.

Las víctimas son hombres de entre 20 y 50 años y siete de ellos vivían en Tepuche. Los cuerpos localizados en la camioneta vestían ropas tácticas, como chalecos antibalas.En un recorrido por el pueblo, un periodista de la AFP constató que varias casas están abandonadas, después de que numerosas familias se fueran ante la escalada de violencia.

“La mayoría de la gente se ha ido. Pero nosotros no, porque aquí están los animalitos”, dijo a la AFP Modesta, residente de 62 años. 

“Pero si tenemos que irnos, si nos dice el gobierno, nos vamos”, añadió resignada.
“Chapitos”, por su herencia 

Según medios locales, en estas balaceras intervinieron grupos ligados a los hijos  de “El Chapo” Guzmán y de Ismael “El Mayo” Zambada, considerado número dos del grupo criminal.

“Para los hijos de Guzmán, ‘los chapitos’, es una cuestión de herencia. Como su padre formó el cartel de Sinaloa, creen que deben manejarlo”, comentó a la AFP Mike Vigil, exjefe de operaciones internacionales de la agencia antidrogas estadounidense (DEA por sus siglas en inglés).

Luego de que Guzmán fuera capturado en 2016 y extraditado a Estados Unidos en 2017, sus hijos Iván, Jesús y Ovidio acordaron que Zambada tomara la dirigencia del cartel mientras “aprendían el negocio”, explica el experto.

“Sólo sabían gastar el dinero, pero ahora ya conocen la operación del cartel y quieren tomar el control y por eso estas disputas”, añade Vigil.
   
A los “chapitos” les preocupa el futuro del cartel en caso de que Zambada, de 72 años y diabético, muera y sus lugartenientes se hagan del control.
   
“El cartel aún no está dividido, pero va en ese camino. Muchos respetan al ‘Mayo’ porque es el capo más viejo de México, pero hay otro grupo que está con los chapitos porque saben que Zambada podría fallecer”, detalló el exagente.
   
Una división de ese grupo criminal, considerado el más poderoso del país, agravaría la violencia porque fortalecería al cartel Jalisco Nueva Generación.
  
“El de Jalisco es el cartel más sanguinario, las consecuencias para México serían inimaginables, y con este gobierno no sé cómo se podría enfrentar”, dice Vigil.
   
El 17 de octubre de 2019, fuerzas federales detuvieron a Ovidio Guzmán en Culiacán, pero tras balaceras de sus pistoleros y retenes carreteros fue liberado. 
   
“Yo ordené que se detuviera ese operativo y que se dejara en libertad a este presunto delincuente”, reconoció una vez más, el pasado viernes, el presidente izquierdista, Andrés Manuel López Obrador, para evitar la muerte de inocentes.
   
El presidente defiende un enfoque que privilegie el combate de la pobreza para debilitar al crimen.
Violencia sin tregua
   
La violencia del narcotráfico no da tregua en México. Incluso con el país semiparalizado por la pandemia de covid-19, la cifra de asesinatos se mantiene elevada, particularmente en Guanajuato (centro) y Sinaloa.
   
En mayo hubo 2.423 homicidios, según el gobierno, y pese a ser el mes más bajo en números de 2020, expertos en seguridad esperaban un mayor descenso.
   
México inició el confinamiento el 24 de marzo y ese mes, con 3.000 asesinatos, ha sido el segundo más violento desde que inició el registro oficial en 1997.
   
Desde diciembre de 2006, cuando el gobierno lanzó un operativo militar antidrogas, hasta mayo pasado se han registrado 290.474 asesinatos, según cifras oficiales que no detallan cuántos casos estarían ligados a la criminalidad.