Miles de catalanes salieron a las calles el miércoles tras la detención de trece miembros del gobierno de esta región que busca organizar un referéndum de autodeterminación prohibido por la justicia, mientras el presidente catalán acusó a Madrid de imponer de facto un estado de excepción.
 
El anuncio de los arrestos provocó que miles de personas se concentraran en el centro de Barcelona para protestar. Ante la dependencia de Exteriores del Ejecutivo catalán, un periodista de la AFP vio como los manifestantes rodearon y golpearon un vehículo de la Guardia Civil.

"Fuera las fuerzas de ocupación", gritaban algunos manifestantes.

"Ya son 13 detenciones y 22 registros", confirmó a la AFP un portavoz de la Guardia Civil, en momentos en que se multiplican las operaciones policiales ordenadas por la justicia contra la organización del referéndum previsto para el 1 de octubre.

Con sus acciones, el Estado español "ha suspendido de facto la autonomía de Cataluña e impuesto de facto un estado de excepción", denunció el presidente catalán, el independentista Carles Puigdemont, quien insistió en convocar a los catalanes a votar en la consulta "frente a un régimen represivo e intimidatorio".

El gobierno central "está cumpliendo con su obligación" y "el Estado de Derecho funciona", afirmó el jefe de gobierno, Mariano Rajoy, interpelado sobre las operaciones en una acalorada sesión en el Congreso, abandonado por los diputados catalanes en protesta por los arrestos.

El Ejecutivo catalán confirmó que entre los detenidos figuraba Josep Maria Jove, numero dos del vicepresidencia regional, el independentista Oriol Junqueras.

Los motivos de las detenciones no fueron anunciados por la Guardia Civil ni por el ministerio del Interior.

El Tribunal constitucional había sin embargo advertido a un millar de altos cargos que no debían organizar el referéndum y podían exponerse a consecuencias judiciales.
  
Resistir pacíficamente
  
Tras adoptar el 6 de septiembre una ley para organizar el referéndum, cuyo texto afirma que prevalece jerárquicamente sobre todas las normas con las que puede entrar en conflicto, los independentistas han ignorado las advertencias y han continuado organizando la consulta.

"Ha llegado el momento. Resistimos pacíficamente. Salimos a defender desde la no violencia nuestras instituciones", escribió en Twitter Jordi Sánchez, presidente de uno de los principales movimientos independentistas de la sociedad catalana, la Asamblea Nacional de Cataluña (ANC).

"Estaban avisados", dijo a periodistas Rajoy, luego de la sesión en el Congreso, pidiendo que se vuelva "a la normalidad".

En la sesión, el diputado de Esquerra Republicana de Catalunya (izquierda republicana independentista), Gabriel Rufián, le dijo: "Saque sus sucias manos de las instituciones catalanas". Luego él y los demás diputados de Esquerra y del partido PDeCAT (conservador e independentista) se retiraran del hemiciclo.

"Estas personas están tomando actitudes de los nazis, están poniendo afiches con los rostros de los alcaldes que resisten su llamado a participar en esta farsa", dijo desde Nueva York la noche del martes el ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis.

  
Incautaciones

Las operaciones policiales se han intensificado desde el fin de semana, con la incautación de gran cantidad de material electoral, como afiches o propaganda.

La Guardia Civil confiscó la noche del martes más de 45.000 notificaciones para convocar a los miembros de mesa para el referéndum, que el ejecutivo catalán está determinado a hacer pese a haber sido prohibido por el Tribunal Constitucional.

En Terrassa, a 28 km al noroeste de Barcelona, militantes independentistas intentaron impedir la entrada de un representante de la justicia que llevaba la orden de confiscación del material. Finalmente fueron desalojados por la policía catalana.

En paralelo, el ministerio de Hacienda congeló las cuentas del Ejecutivo catalán, tras anunciar que se encargaría directamente de pagar sus facturas, reduciendo drásticamente la autonomía financiera de la región.

Los separatistas son mayoría en el parlamento catalán desde 2015, pero según los sondeos la sociedad catalana se muestra muy dividida ante la independencia de esta región de 7,5 millones de habitantes.

En las elecciones regionales de 2015, los independentistas obtuvieron el 47,6% de los votos y los defensores de seguir en España el 51,28%. Pero el 70% de los catalanes está a favor de zanjar la cuestión a través de un referéndum legal, según las encuestas.