Sectores opuestos de la sociedad guatemalteca se enfrentan en torno a dos propuestas sobre el aborto que están en manos del Congreso: una que flexibiliza las restricciones actuales al permitirlo en casos de menores violadas, y otra que aumenta las penas de prisión e incluso puede criminalizar pérdidas espontáneas.

La ley guatemalteca solo autoriza en la actualidad la interrupción del embarazo en caso de que corra peligro la vida de la madre. 

El debate ha movilizado a la población a favor y en contra de las iniciativas, en un país donde la derecha conservadora domina el parlamento y en el que las Iglesias católica y evangélica tienen una enorme ascendencia.

El pasado domingo, unos 20 mil feligreses celebraron una marcha en el centro de la capital contra el proyecto de ley de protección a las niñas, propuesto por el izquierdista partido Convergencia, que habilita a que menores embarazadas puedan abortar en las primeras 12 semanas si fueron víctimas de abuso sexual.

Bajo el lema “Guate por la vida y la familia”, los manifestantes acusaron a la iniciativa de legalizar el aborto sin plantear una solución para erradicar la violencia y explotación sexual.

Este proyecto se encuentra en discusión en la comisión parlamentaria de la mujer, que debe emitir un dictamen favorable para elevarlo al pleno o rechazarlo.

Las organizaciones sociales que lo impulsan plantearon eliminar el artículo que se refiere al aborto para facilitar que se apruebe el resto de la ley.