La pareja peruana es acusada de recibir irregularmente dinero de Odebrecht para la campaña electoral.
Prisión preventiva por 18 meses para expresidente Humala y su esposa
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Un juez peruano dictó prisión preventiva por 18 meses al expresidente Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia, acusados por la fiscalía de lavado de activos por recibir donaciones irregulares de la brasileña Odebrecht para su campaña electoral.
"Declaro fundado el requerimiento de revocatoria de comparecencia con restricciones contra Ollanta Humala y Nadine Heredia, y en consecuencia se impone mandato de detención contra los investigados por el plazo de 18 meses por el delito de lavado de activos en agravio del estado", anunció el juez Richard Concepción Carhuancho al leer el fallo.
El fiscal Germán Juárez había solicitado la prisión preventiva al considerar que existía riesgo de fuga o de demanda de asilo de los investigados.
La expareja presidencial -que siguió desde su domicilio la maratónica audiencia de 21 horas, entre miércoles y jueves- se entregó por propia voluntad al juez una hora después de emitido el fallo.
Los abogados de Humala y Heredia anunciaron de inmediato que apelarán la decisión judicial de primera instancia.
Humala, que gobernó de 2011 a 2016, es el segundo expresidente peruano en prisión, aunque su caso es diferente al de Alberto Fujimori (1990-2000), quien cumple una condena de 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad y corrupción.
Además, un tercer exmandatario, Alejandro Toledo (2001-2006), se encuentra prófugo en Estados Unidos, donde rehuye un mandato de 18 meses de prisión preventiva por recibir 20 millones de dólares en sobornos de Odebrecht.
Tras conocer el fallo, Humala reaccionó en Twitter: la decisión "es la confirmación del abuso del poder, al que nosotros le haremos frente, en defensa de nuestros derechos".
Por su parte, Heredia recurrió también a Twitter donde dijo que "a pesar de la arbitrariedad estamos aquí, confiamos en que ésta decisión se va a revertir por ser de justicia. Confiamos en nuestro país".
Garantizar la investigación
Durante la audiencia, el magistrado acogió el pedido de la fiscalía al estimar que la prisión preventiva de Humala y Heredia "es idónea y necesaria para garantizar investigación".
"Existe un alto grado de probabilidad de que (Humala y Heredia) eludan la justicia y de obstaculizar la labor probatoria", abundó el juez.
Una de las principales acusaciones de la fiscalía es que la pareja recibió tres millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht para la campaña electoral de 2011.
Según la fiscalía, Odebrecht entregó tres millones de dólares en 2011 a Humala, lo que el expresidente niega, aunque recuerda que la ley peruana no prohíbe recibir aportes del extranjero. En el caso de la campaña electoral de 2006, el fiscal asegura que Humala recibió aportes de Venezuela.
La solicitud de prisión preventiva no solo se sustentó en el testimonio del empresario brasileño Marcelo Odebrecht, quien aseguró al fiscal Juárez haber entregado tres millones de dólares para la campaña electoral, sino también en las declaraciones de otros colaboradores que habrían presentado pruebas a la fiscalía sobre la entrega de dinero a la expareja presidencial, según la prensa local.
Fiscal "envenenado"
"Este señor está envenenado", dijo Humala a periodistas horas antes del fallo, al ser consultado sobre la posición del fiscal, que argumenta que existe riesgo de fuga porque dos hijas de la expareja presidencial realizaron este mes un viaje académico a
Chicago, Estados Unidos. A ello la fiscalía agrega que existen cuentas bancarias a nombre de las dos menores de edad.
"No hemos escuchado un solo elemento que pueda cambiar la situación del expresidente Humala y su esposa, solo hay referencias, indicios, afirmación de colaboradores que muchos de ellos han sido aclarados en su momento", rebatió por su lado
Wilfredo Pedraza, abogado de Nadine Heredia, durante la audiencia el miércoles.
Heredia tuvo que renunciar a su puesto de la FAO en Ginebra para acreditar su presencia en Perú y estar disponible ante las autoridades judiciales.
Odebrecht asegura que pagó 29 millones de dólares en sobornos en Perú para obtener obras públicas entre 2005-2014. El período comprende los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García y Humala.
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