Un juez expulsado de la Corte Suprema peruana que huyó del país cuando iba a ser procesado por corrupción fue detenido este viernes en España y quedó en prisión preventiva, sin fianza.

El juez José de la Mata de la Audiencia Nacional española, tribunal que se ocupa de las extradiciones, decretó la noche del viernes la prisión provisional sin fianza para el exjuez peruano César Hinostroza ante el peligro de fuga.

El fugitivo juez peruano es sospechoso de los delitos de “pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a funcionarios”, según el auto de la Audiencia Nacional al que tuvo acceso la AFP.

De acuerdo al tratado de extradición entre Perú y España de 1994, Hinostroza puede permanecer en prisión provisional hasta 60 días, plazo que tiene Lima para formalizar el proceso para su repatriación para ser procesado.

El arresto de Hinostroza, de 62 años, fue anunciado este viernes por el presidente peruano Martín Vízcarra, y confirmado después por la Policía española.

Vizcarra, quien ha volcado sus energías a la lucha contra la corrupción, había instado el jueves a España a detener a Hinostroza, acusado de ser el cabecilla de una mafia de venta de sentencias y tráfico de influencias en el poder judicial. 

La red mafiosa quedó al descubierto por la difusión en la prensa de audios de comprometedoras conversaciones telefónicas de jueces en julio.

El mandatario peruano lanzó una propuesta de reformas constitucionales tras el escándalo en el poder judicial y ha dicho que los casos de corrupción “ponen en peligro a la democracia” y a la economía de Perú.

Vizcarra contó que habló por teléfono con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, sobre el caso del juez fugitivo, quien escapó hace 12 días con la complicidad de una inspectora de migraciones cruzando al vecino Ecuador, desde donde viajó a España pasando por Ámsterdam.

“Con toda la frescura del mundo está pidiendo asilo, no corresponde, no hay ninguna persecución, es un tema estrictamente judicial, de combate a la corrupción”, declaró Vizcarra a TV Perú.

La fiscalía acusa a Hinostroza de ser el líder de una red de corrupción llamada “Los Cuellos Blancos del Puerto” del Callao (vecino a Lima), integrada por jueces, empresarios y funcionarios judiciales. Dicho grupo es acusado de venta de sentencias y favores.

En Lima, William Paco Castillo, abogado del juez, criticó el anuncio presidencial destacando que refuerza el argumento de una persecución política.

“El presidente de la República no debería intervenir en un proceso que es netamente policial y judicial”, dijo el abogado a la radio RPP.

El exprocurador anticorrupción César Azabache aseguró que Lima debe probar que hubo una fuga para que sea expulsado de España, si quiere evitar un proceso de extradición.

“No importa que él haya entrado válidamente a Ecuador y a España. Si el Perú puede demostrar que la salida contiene un fraude (...) la autoridad que recibe a esta persona adquiere el derecho de denegar la permanencia”, dijo Azabache al canal N de noticias.

Costos políticos

Durante días la defensa del exjuez negó que se hubiera fugado, hasta que su presencia en Madrid fue confirmada el miércoles.

La fuga de Hinostroza provocó la renuncia del ministro del Interior, Mauro Medina. Éste es el segundo miembro del gabinete de Vizcarra que cae por el caso de los audios de jueces, que ha llevado a 12 personas a prisión.

En uno de los audios se escucha a Hinostroza ofrecer una rebaja de la pena o absolver a un condenado por violar a una niña.  

Además de ser destiuido, el exjuez fue inhabilitado para ejercer cargos públicos por 10 años y su expediente enviado por el Congreso a la Fiscalía para que lo procesara.

Agentes de Migraciones impidieron el jueves que una hija de 16 años de Hinostroza abordara en Lima un vuelo a Madrid por presentar un pasaporte estadounidense, según medios locales. La adolescente no quedó detenida pero no pudo viajar.

En España también se encuentra la esposa de Hinostroza, Gloria Gutiérrez Chapa, quien viajó a ese país el 11 de octubre, según la prensa. 

El escándalo de los audios provocó en julio la renuncia del presidente de la Corte Suprema, Duberlí Rodríguez, y la destitución del entonces ministro de Justicia, Salvador Heresi. 

También salpicó al fiscal general, Pedro Gonzalo Chávarry, y al presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Edwin Oviedo, tras ser difundidos audios que develaron sus estrechos lazos con Hinostroza.

El cuestionado fiscal general logró el lunes salvarse de ser destituido por el Congreso.