El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, afrontará su proceso de destitución abierto por el Congreso con una popularidad del 18 %, la más baja de todo su mandato, tras haber perdido nueve puntos porcentuales respecto al pasado noviembre.

El sondeo de la encuestadora Ipsos para el diario El Comercio reflejó además que la desaprobación de Kuczynski se situó en diciembre en el 75 %, diez puntos porcentuales más que en el mes anterior.

Un 57 % de los encuestados opinó que Kuczynski debe renunciar por supuestamente haber intentado ocultar vínculos con la constructora brasileña Odebrecht, protagonista del mayor escándalo de corrupción de Latinoamérica.

Por el contrario, un 41 % de los peruanos consideró que el mandatario debe continuar en el cargo mientras se investiga si incurrió en algún delito cuando la consultora Westfield Capital, propiedad de Kuczynski, realizó consultorías para Odebrecht en la época que él era ministro del expresidente Alejandro Toledo (2001-2006).

La consultora recibió de Odebrecht más de 782.000 dólares por esas asesorías, según reveló la constructora brasileña en un documento remitido el miércoles a la comisión parlamentaria que investiga el capítulo peruano del caso Lava Jato, la mayor trama de corrupción de la historia de Brasil.

Tras conocerse esa información, el Congreso de Perú, dominado ampliamente por la oposición, donde el fujimorismo tiene mayoría absoluta, abrió un proceso de destitución contra Kuczynski por “incapacidad moral permanente”, al considerar que “faltó a la verdad” al haber negado en repetidas ocasiones haber trabajado para Odebrecht.

La figura de la incapacidad moral permanente está contemplada en la Constitución y permite inhabilitar al jefe de Estado por hechos extraordinarios que no necesariamente incurren en delitos, como sucedió en el año 2000, cuando el expresidente Alberto Fujimori renunció por fax desde Japón.

La encuesta se realizó entre el 13 y el 15 de diciembre a 1.287 adultos de las áreas urbanas y rurales de Perú, con un margen de error del 2,7 % y un nivel de confianza del 95 %.

Peruanos marchan 

Pese a la baja popularidad del jefe de estado, en las últimas horas, cerca de 2.000 peruanos marcharon por Lima contra el fujimorismo, que desde el Congreso, donde tiene mayoría absoluta, promueve la destitución del mandatario del Fiscal de la Nación (fiscal general), Pablo Sánchez, y de varios magistrados del Tribunal Constitucional.

La concentración, bautizada como la “marcha contra el golpe fujimorista”, comenzó en la céntrica Plaza San Martín de la capital peruana, convocada en redes sociales por organizaciones y colectivos sociales solo un día después de que el parlamento aprobara debatir la destitución de Kuczynski el próximo jueves 21.

Los organizadores de la movilización denunciaron que el partido fujimorista Fuerza Popular, liderado por Keiko Fujimori, hija del encarcelado expresidente Alberto Fujimori, pretende copar el resto de instituciones del Estado desde el Congreso, lo que es considerado por estos como un golpe de Estado encubierto.

Durante la movilización, los participantes corearon arengas como “Por justicia y dignidad, Fujimori nunca más”, “Perú, te quiero, por eso te defiendo”, “Que cierren el Congreso, afuera los corruptos”, “Keiko, corrupta, el pueblo te repudia”, “Esos ‘fujiratas’ no nos representan” y “Democracia sí, dictadura no”, entre otras.

También demandaron al mandatario peruano disolver el Congreso al considerar que el fujimorismo utiliza el poder legislativo para desestabilizar al país por intereses personales y políticos.

Además del pedido de destitución de Kuczynski, por supuestamente haber ocultado sus vínculos con la constructora brasileña Odebrecht, el fujimorismo ha censurado a dos ministros y ha forzado la renuncia de otros dos desde que hace años y medio el mandatario inició su mandato.

Asimismo, la subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó esta semana un informe elaborado por el congresista fujimorista César Segura que recomienda destituir al magistrado del Tribunal Constitucional Eloy Espinosa-Saldaña y suspender a sus compañeros Marianella Ledesma, Carlos Ramos y Manuel Miranda.

La propuesta sostiene que estos cuatro jueces cambiaron el voto de otro magistrado en una sentencia de 2013 sobre la supuesta ejecución extrajudicial de presos rendidos tras un motín en 1986, cuando lo que hicieron fue únicamente agrupar su posición sobre la imposibilidad de que el Constitucional decida si son crímenes de lesa humanidad.