Donald Trump busca acabar con las reglamentaciones medioambientales que heredó del gobierno de Barack Obama. Pero aún así los partidarios del acuerdo de París, del que Estados Unidos ha sido el único en retirarse, creen que el país cumplirá sus objetivos de reducción de gases de efecto invernadero.

La última ofensiva apunta a las estrictas reglamentaciones decretadas en 2012 por la administración Obama sobre el consumo de combustibles y la contaminación que producen los vehículos vendidos en Estados Unidos.

Según el New York Times, la Agencia de Protección Ambiental (EPA), dirigida por quien es considerado amigo de las energías fósiles, Scott Pruitt, va a proponer formalmente revertir esas normas.

Esa acción se suma a otra lanzada por la misma EPA para anular la dura reglamentación sobre las centrales eléctricas, el Plan de Energía Limpia. Ya impugnado, el plan, pilar de la política climática de Obama, debía aplicarse en 2022 y habría llevado al cierre de numerosas centrales de carbón muy contaminantes. El gobierno de Trump quiere enterrarlo.

Esas reglamentaciones son partes clave del compromiso asumido por Obama en 2015 para reducir las emisiones de gas de efecto invernadero estadounidenses. El objetivo que se había fijado, comparado con el de la Unión Europea, era bastante modesto.

Pero sin estas herramientas está claramente en peligro. Sin embargo, Estados Unidos es un país descentralizado y políticamente dividido. Y estados como California y Nueva York son gobernados por demócratas aterrados por la visión climática del presidente republicano.

Es por eso que incluso el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, manifestó su “esperanza” de que Estados Unidos cumpla con sus compromisos, a pesar de la hostilidad del gobierno federal. 

Veinte de sus 50 estados, un centenar de ciudades y un millar de empresas ya han cumplido con sus objetivos de reducción de gases de efecto invernadero, según America’s Pledge, una iniciativa lanzada por el exalcalde de Nueva York Michael Bloomberg y el gobernador de California, Jerry Brown.

Solo California emite una cantidad similar de gases de efecto invernadero a Francia, y se ha fijado unos objetivos de reducción tan ambiciosos como los de la Unión Europea hasta 2030 (-40% respecto a 1990). Pero la gran pregunta es si esas jurisdicciones, por más voluntad que tengan, podrán sustituir por completo al Estado federal.

“No es imposible, pero es improbable que Estados Unidos pueda alcanzar sus objetivos sin una acción federal”, dice a la AFP Marc Hafstead, economista del instituto Resources for the Future. 

Según America’s Pledge, los estados y ciudades que apoyan el acuerdo de París representan 35% de las emisiones del país. El más contaminador, Texas, no forma parte del grupo.

Las jurisdicciones no federales solo podrían alcanzar la mitad del objetivo original, estimó en un informe en septiembre pasado el NewClimate Institute. Una cifra más precisa será publicada por America’s Pledge en septiembre durante la Cumbre Mundial sobre Acción Climática, que se organiza en San Francisco.

Por ahora, advierte Michelle Manion, una de las economistas principales de ese informe, “si se mira solo el compromiso de estados y ciudades, no se logrará el objetivo”.