Con 22 ejecuciones, la aplicación de la pena capital continuó en 2019 su declive en Estados Unidos, donde las dudas sobre la culpabilidad de los condenados resurgieron en varios casos, según el Centro de información sobre la pena de muerte (DPIC).

"El 2019 prácticamente ha sido el año de la ejecución de inocentes", dijo Robert Dunham, director de este organismo independiente y de referencia sobre la pena capital.

Dos condenados a muerte fueron absueltos este año luego de haber pasado más de 40 años tras las rejas, lo que lleva a 166 el total de detenidos en los corredores de la muerte a quienes luego la justicia les reconoció su inocencia, según el informe anual del DPIC. 

Asimismo, dos ejecuciones fueron postergadas debido a serias dudas sobre la culpabilidad de los condenados. Tal fue el caso de Rodney Reed, quien recibió el apoyo de millones de estadounidenses, legisladores y estrellas como Kim Kardashian o Beyoncé. 

Pero, según el DPIC, otros dos prisioneros fueron ejecutados a pesar de las "dudas sustanciales sobre su culpabilidad". 

"Nuestros tribunales y autoridades a menudo ignoran errores potencialmente mortales y con demasiada frecuencia toman medidas para ocultar la verdad", agregó Dunham en un comunicado. Para él, esto explica por qué el apoyo público a la pena de muerte sigue disminuyendo. 

Mientras que el 56% de los estadounidenses continúa respaldando la pena de muerte, el 60% prefiere ahora la cadena perpetua. Es la primera vez, desde que el Instituto Gallup comenzó a hacer esta pregunta en 1985, que la mayoría de los encuestados cree que la prisión de por vida es más adecuada que la pena capital para castigar a los asesinos. 

Estos cambios de opinión, combinados con dificultades en el suministro de productos químicos para la ejecución y las dudas sobre su legalidad, explican la disminución constante de la pena de muerte, que solo se aplica en un puñado de estados. 

El 2019 es el segundo año con la menor cantidad de ejecuciones en Estados Unidos, después de 2016 y sus 20 condenados ejecutados, en comparación con 98 en 1999. Y las ejecuciones se concentraron en siete estados, casi todos en el conservador y religioso sur del país, incluido Texas, donde hubo nueve. 

El gobierno de Donald Trump planeaba reanudar las ejecuciones a nivel federal, interrumpidas desde hace 16 años, pero la justicia suspendió el procedimiento debido a dudas sobre la legalidad del protocolo de inyección utilizado. 

Del mismo modo, el número de condenas a muerte se mantiene en un nivel históricamente bajo con 35 a 37 esperadas para fin de año.