La oposición nicaragüense intensificará a partir del jueves su presión contra el presidente Daniel Ortega, con una manifestación y un paro general, pero el gobierno, en contraofensiva, prepara su marcha de conmemoración revolucionaria hacia Masaya, la ciudad más rebelde del país.
   
Policías y antimotines están apostados en las entradas de Masaya, 35 km al sur de Managua, haciendo temer una violenta incursión antes de que el gobierno celebre el "repliegue", una caravana encabezada por Ortega, quien anualmente llega a esta ciudad para recordar una gesta de la revolución de 1979. 
   
"No al repliegue", "Monimbó resiste hoy, mañaba y siempre", se lee en paredes y barricadas que reforzaron los pobladores del aguerrido barrio Monimbó, en el sur de Masaya.
   
"Estamos pendientes de si el régimen nos viene a atacar. Nos quieren intimidar, pero Monimbó se está resistiendo y está fuerte y firme para protegerse y combatir", dijo a la AFP Wilfredo, un transportistas de 25 años, cerca de una barricada.
   
"Viva Monimbó, jamás nos rendiremos. Muerte a Ortega", dice un enorme letrero en una barricada con la bandera de Nicaragua en su centro.

"Aquí los esperamos"

En las últimas semanas el gobierno intensificó la llamada "operación limpieza" de fuerzas combinadas para derribar las barricadas de adoquines que levantaron los manifestantes en las vías.
   
En Monimbó, los habitantes reforzaron las barricadas ante la amenaza de ataque de las fuerzas gubernamentales.
   
El dirigente de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH) de Masaya, Danilo Martínez, denunció que la ciudad "está asediada por una fuerza de más de 1.000 hombres paramilitares, policías y armamento pesado".
   
"Aquí los está esperando Monimbó, no tengo miedo. Pasé las guerras civiles de los 70 y los 80. Estamos en resistencia porque queremos la patria libre. No queremos el régimen Daniel, ha matado, ha golpeado a los padres", dijo a la AFP María González, de 78 años, quien vendía mamones al lado de una barricada.
   
La situación en Nicaragua es crítica, según expuso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que cifró en 264 el número de muertes registradas en Nicaragua en el contexto de las protestas.
   
La opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia llamó a la denominada marcha "Juntos somos un volcán" este jueves y a un paro nacional el viernes, el segundo durante la crisis.
   
"Queremos instar a Nicaragua y hacer un llamado a garantizar las protestas pacíficas y de las manifestaciones que siguen, así como la seguridad e integridad de todas las personas", dijo el secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrao, al informar al consejo permanente de la OEA sobre la situación en Nicaragua.
   
El canciller de Nicaragua, Denis Moncada, calificó el informe de la CIDH de "prejuicioso y carente de objetividad".
   
"No puede confundirse una protesta pacífica con actos terroristas", sostuvo Moncada.

Uso de armas de guerra

La ANPDH exigió este miércoles al ejercito investigar denuncias de uso de armas de alto calibre como lanzagranadas RPG7 y ametralladora 30 por parte de las fuerzas progubernamentales para reprimir las protestas.
   
Existen "evidencias por denuncias de la ciudadanía de utilización de armas de guerra de alto calibre y granadas de demolición de uso exclusivo del ejército en las ciudades de La Trinidad, León, Sutiaba y Carazo", dijo el secretario de ANPDH, Alvaro Leiva, en rueda de prensa.
   
El Ejército de Nicaragua afirmó el martes que tiene "control absoluto" de su arsenal y negó cualquier involucramiento en actos de represión a manifestantes.
   
Grupos de derechos humanos y opositores, entre quienes hay exmilitares, han denunciado la supuesta presencia de miembros del Ejército en los grupos armados ilegales que actúan con la Policía en la operación limpieza.
   
Las manifestaciones contra el gobierno iniciaron el 18 de abril en repudio a una fallida reforma al sistema de pensiones, pero tras la represión se extendió a una demanda para la salida del poder el presidente Ortega, que lleva 11 años seguidos en el gobierno y a quien acusan de instaurar una dictadura junto con su esposa Rosario Murillo.
   
A fin de encontrar una salida a la crisis, la Iglesia propuso adelantar los comicios de 2021 a 2019 en la mesa de negociación entre el gobierno y la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, conformada por grupos de la sociedad civil.
   
Pero el sábado, el mandatario, de 72 años, descartó en un acto público la posibilidad de anticipar los comicios.
   
Tras esas declaraciones y una violenta incursión el domingo en las ciudades de Diriamba y Jinotepe, en el suroccidental departamento de Carazo, que dejó una veintena de muertos, la Iglesia puso en duda la continuidad el diálogo.
   
No obstante, el martes decidió seguir como mediadora entre el gobierno y la oposición, incluso luego de una agresión que sufrieron el lunes obispos y sacerdotes en la irrupción de grupos progubernamentales en templos católicos de Diriamba y Jinotepe.