La Alianza opositora en Nicaragua convocó a un paro nacional hoy para presionar al gobierno del presidente Daniel Ortega a frenar la represión y retomar el diálogo, con el objetivo de poner fin a una ola de violentas protestas que afectan al país con un saldo de 148 muertos en casi dos meses.

“Este es un paro cívico y pacífico que abarca a todo el país y a todas las actividades económicas, salvo aquellas relacionadas con la preservación de la vida y la cobertura de servicios básicos para la población”, señaló en un comunicado la Alianza Nacional por la Justicia y la Democracia, que agrupa a empresarios, estudiantes y sectores de la sociedad civil.

La convocatoria al cese de actividades se realiza después de que los obispos entregaron la semana pasada a Ortega una propuesta de agenda para retomar el diálogo con sus opositores, donde se propone adelantar las elecciones y adoptar reformas democráticas.

Un paro nacional puede tener consecuencias impredecibles tanto para la economía como para la política, advirtió el economista Néstor Avendaño, 

Ortega enfrenta acusaciones de abuso de poder y corrupción de parte de sus opositores.

El jueves de la semana pasada, el gobernante solicitó 48 horas para reflexionar y dar respuesta escrita a la propuesta de los obispos de reanudar las conversaciones. El diálogo fue suspendido por la jerarquía católica tras la violenta represión a las marchas opositores del 30 de mayo, que dejó 16 muertos.

Ortega no ha respondido a los obispos y la represión a las protestas recrudeció en todo el país, con ataques de fusilería y de hombres armados encapuchados a bordo de camionetas y motocicletas.

Desde que se iniciaron las manifestaciones hace 56 días, el balance de fallecidos es de 148 muertos y más de 1.000 heridos, según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).

El cardenal Leopoldo Brenes “condena y repudia los ataques en diversos puntos del país”, señaló la Arquidiócesis de Managua. Las protestas se originaron contra una fallida reforma al sistema de pensiones, pero se extendieron y ahora los manifestantes piden el fin del gobierno de Ortega. 

El mandatario intenta levantar los bloqueos de rutas que afectan a 70% de las carreteras del país, y acusa a los manifestantes de impedir la libre circulación de personas y mercancías, incluido el transporte de carga desde países vecinos.