El presidente de Nicaragua Daniel Ortega sigue resistiendo a la presión de manifestaciones callejeras que exigen una restauración de la democracia plena y su salida anticipada del gobierno tras más de 40 días de protestas que dejaron 78 muertos.
   
El movimiento ha dejado además bloqueos en vías y una economía en desaceleración. "Ortega no se va así nomás, va a resistir hasta el final. No se moverá hasta que la situación sea imposible de sostener", afirmó a la AFP el sociólogo y analista Oscar René Vargas.
   
Consideró que el mandatario, un exguerrillero de 72 años, aún cuenta con el apoyo del sector empresarial, su principal aliado en sus 11 años de gobierno, pero que a raíz de la crisis ha quedado en suspenso.
   
Si bien los empresarios han apoyado "verbalmente" las manifestaciones antigubernamentales que encabezan los estudiantes desde el 18 de abril, no han querido sumarse, por ejemplo, a un paro nacional como ocurrió durante la insurrección contra la dictadura de los Somoza (1934-1979), apuntó Vargas. 
   
Uno de los líderes estudiantiles, Víctor Cuadras, admitió que los empresarios están "fraccionados" entre un sector que pide que Ortega siga hasta las elecciones del 2021 y otro que se vaya antes.

Sin salida clara

Estados Unidos, principal socio comercial de Nicaragua, no ha adoptado aún medidas suficientemente fuertes como para poner en riesgo al gobierno de Ortega, dijo Vargas.
   
Este viernes, Washington expresó que "condena la violencia reciente perpetrada por matones controlados por el gobierno, lo que resulta en más muertes de manifestantes en Nicaragua".
   
Según un comunicado del Departamento de Estado, Ortega debe "crear las condiciones propicias para un diálogo creíble e inclusivo", y a cumplir con las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que este lunes pidió que cesara la represión y desmantelara a las fuerzas para policiales.
   
La CIDH pidió por su parte al gobierno de Nicaragua adoptar medidas para garantizar la integridad de 13 dirigentes estudiantiles, incluidos Cuadras y Lesther Alemán, dos de los activistas más conocidos.
   
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo que "cualquiera que piensa que Nicaragua tiene una solución diferente a la electoral se equivoca grandemente", lo que ha sido interpretado por el sandinismo oficialista como un apoyo al período presidencial de Ortega.
   
"La posición de la OEA es un respaldo al Estado de Derecho y a un gobierno legítimamente constituido", destacó el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento, Jacinto Suárez, allegado al mandatario.
   
Según Vargas, Ortega "seguirá reprimiendo para tratar de acabar con la protesta social".
   
Además de 78 muertos, la violencia causó más de 800 heridos, saqueos e incendios, según la CIDH e informes locales. Los choques se recrudecieron el miércoles cuando fuerzas afines al gobierno atacaron con balas y morteros a manifestantes que bloquearon las vías en el occidente y norte del país, causando dos muertos y más de 50 heridos.

Crisis para largo

La Conferencia Episcopal suspendió el miércoles el diálogo que mediaban entre el gobierno y los opositores por falta de consenso sobre la agenda de discusión.
   
Mientras el gobierno pide que se desmovilicen los manifestantes que bloquean las vías, los opositores proponen adelantar las elecciones para anticipar la salida de Ortega.
   
"Hay un estancamiento en el diálogo que es grave porque amenaza con perennizar la situación de inestabilidad del país ante la intransigencia que vemos de parte del gobierno", dijo a la AFP el exvicecanciller y exdiputado opositor, José Pallais.
   
Ortega "no quiere poner su poder en riesgo" y los manifestantes no están dispuestos a dejar las calle porque saben que de lo contrario "se fortalecerá la dictadura y la represión va a ser mucho más dura, vendrá toda una campaña de venganza selectiva", indicó.
   
La crisis "va para largo", vaticinó.
   
Este viernes, los estudiantes llamaron a la población a salir a las calles a protestar cívicamente para exigir la renuncia de Ortega y su esposa, la vicepresidenta, Rosario Murillo, tras denunciar la "falta de voluntad política del gobierno" para resolver la crisis mediante el diálogo.
   
El 63% de los nicaragüenses pide que Ortega renuncie al gobierno por la represión que ha ejercido contra los manifestantes, según una encuesta de la consultora Cid-Gallup del 5 al 15 de mayo pasados.