Seis meses de protestas contra el presidente Daniel Ortega mantienen sumida a Nicaragua en una profunda crisis, que deja más de 320 muertos y centenares de detenidos, una economía en caída libre y un gobierno que según analistas se aferra al poder haciendo uso del miedo.

"Aquí nos quedamos todos" ha sido la respuesta reiterada de Ortega a los pedidos de renuncia de sus opositores, que con marchas, bloqueos y todo tipo de protesta se han manifestado contra el gobierno desde el 18 de abril.

Ni las presiones económicas, ni las denuncias internacionales de violación de derechos humanos en el marco de la represión a las protestas, parecen poner en jaque a este exguerrillero de 72 años, que ayudó a derrocar a la dictadura de Anastasio Somoza en la década de 1970 y que considera a las manifestaciones un intento de golpe de Estado.

Después de unos primeros meses en los que reinó el caos en el país por los bloqueos de vías y los choques diarios entre manifestantes, las llamadas "turbas sandinistas" y las fuerzas del orden, el mandatario -al que acusan de autoritarismo, corrupción y nepotismo- proclamó en julio el retorno a la normalidad.

Pero las protestas, aunque han tenido picos de menor actividad, no han cesado y en las últimas semanas han aumentado las detenciones y los juicios y condenas a opositores apresados en las manifestaciones.

"Es a través de las elecciones, de los votos que se cambian gobiernos en Nicaragua (...) así lo heredó la revolución con la Constitución de la Revolución  (1987).  No es por golpes", ha respondido Ortega de forma reiterada a esfuerzos de opositores para su renuncia. Pero descartó adelantarlas antes del 2021.

"Parece que el gobierno está en la fase más autista, como que el mundo no existe, y lo que ha hecho es escalar la represión, aplicar un estado policial de terrorismo de Estado", dijo el exdiplomático Mauricio Díaz, de la oposición socialcristiana.

Pese a la desaparición de los bloqueos y al mensaje oficial de que todo está normal, "estamos viviendo en un estado de terror permanente", aseguró de su lado el sociólogo Oscar Vargas.

La persecución y captura de líderes de las manifestaciones, acusados de delitos comunes para "ocultar el abultado número de presos políticos", busca debilitar los liderazgos sociales, apuntó el experto en un texto divulgado en sus redes.

Organismos de derechos humanos cifran en unos 500 los detenidos por protestar, de los cuales cerca de 300 son procesados en los tribunales, algunos por delitos de terrorismo. Y en estos últimos días empezaron a conocerse condenas a entre 15 y 24 años de cárcel en su contra.

Además, miles de manifestantes, entre ellos algunos dirigentes estudiantiles, campesinos y defensores de derechos humanos se han refugiado en países vecinos o en Estados Unidos tras denunciar amenazas a su seguridad.

Organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Naciones Unidas y Amnistía Internacional han denunciado, en tanto, una violación sistemática de derechos humanos de parte del gobierno.

Sin salida 

Pero "la solución para salir de la crisis está estancada, no hay ningún factor a la vista que nos pueda sacar", el analista y exdiplomático Bosco Matamoros, quien además fue miembro del directorio de la Contra en los años 80 y delegado de esa guerrilla antisandinista ante el gobierno de Estados Unidos.

El gobierno está desgastado, tiene un enorme cuestionamiento de legitimidad pero aún puede ejercer la fuerza e imponerse, mientras que la oposición -con reconocimiento y apoyo internacional- "no tiene capacidad para llevar al gobierno a la mesa de diálogo", suspendida desde mediados de junio, estimó.

La oposición, nucleada en una Alianza Cívica de organismos sociales, empresarios y estudiantes, "sobrestimó la capacidad de reacción del gobierno", agregó Matamoros, de posiciones moderadas.

Ortega, que está en su tercer periodo y hasta ahora descarta adelantar las elecciones para antes de 2021, "no será vencido con un lápiz (labial), ni por un dedo, ni gracias a una franja publicitaria", dijo en tanto Vargas, refiriéndose a formas más creativas de protesta que han surgido en las últimas semanas.

Economía, talón de Aquiles 

En junio el gobierno reconoció sin embargo los "grandes" daños que causa la crisis en la economía, una de las más débiles de Centroamérica, y redujo de 4,9% a 1% la proyección de crecimiento para este año.

Aunque el Banco Mundial (BM) estimó en septiembre una severa contracción de 3,8% en 2018 para Nicaragua, una caída tan pronunciada que restará 0,4% a la expansión de Centroamérica.

Al menos 347.000 personas han perdido el empleo por el cierre de negocios afectados por la crisis, principalmente en turismo, construcción y comercio, según estudios de la no gubernamental Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides).

La empresa privada ha convocado a dos huelgas de 24 horas que han paralizado en casi un 90% las actividades. Lo que ha valido a los empresarios acusaciones del gobierno de estar ejerciendo "terrorismo económico" y advertencias de que "jugar con la economía es jugar con fuego".

Una eventual aprobación de leyes en Estados Unidos, como la Nicaragua Investment Conditionality Act, conocida como Nica Act, que propone condicionar los préstamos internacionales al país y sanciones al gobierno, podrían empeorar la situación para Nicaragua, estimó Matamoros.