El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado se comprometió a aprobar en las próximas semanas una norma que garantice el acceso al aborto terapéutico en caso de riesgo a la salud o la vida de la mujer, como lo prevé la ley, pero su intención desató una tormenta política.

Una alianza de legisladores evangélicos y la Iglesia católica se han movilizado para presionar al mandatario a no firmar la medida, al considerar que abriría la puerta al "aborto libre".

En tanto, feministas y defensores de derechos humanos presionan para que entre en vigor la disposición, considerada indispensable para que los médicos puedan interrumpir un embarazo cuando suponga un peligro para la gestante.

El Código Penal de Costa Rica reconoce desde 1971 el derecho al aborto únicamente en estos casos, y requiere que la mujer otorgue su consentimiento y que el procedimiento lo realice un profesional de la salud.

Pese a lo que estipula la ley, muchos médicos temen hacerlo por la falta de un protocolo que establezca los procedimientos a seguir y las condiciones precisas en que se aplica.

"No podemos seguirnos centrando en opiniones, tenemos que apegarnos a lo que dice la ley, y la norma técnica viene a implementar la ley", dijo a AFP la abogada Larissa Arroyo, especialista en derechos reproductivos.

Insistió en que la legislación no se cumple por desconocimiento o temor de los médicos a ser sancionados por incumplir las restricciones al aborto.

Sin embargo, el arzobispo de San José, José Rafael Quirós, dirigió el 11 de octubre pasado una carta al presidente Alvarado para instarlo a no aprobar la norma técnica.

Presión religiosa

"Manifestamos nuestro rechazo a la pretensión de promulgar ese decreto (...) que lejos de hacer progresar nuestro país en el verdadero respeto a los derechos humanos, le haría irrespetar el más absoluto de esos derechos en la persona no nacida", dice la carta de Quirós.

Alvarado respondió: "Yo procederé a llenar ese vacío como corresponde por ley".

Costa Rica es un país conservador y religioso donde la Constitución consagra al catolicismo como religión oficial del Estado.

La postura de la Iglesia encontró apoyo en el Congreso, donde el martes un grupo de 24 legisladores (de los 57 que lo conforman) introdujo un proyecto para restringir más la práctica la ley, eliminando la causal de riesgo para la salud y limitándola a la existencia de peligro vital. 

La diputada Nidia Céspedes, del evangélico Partido Restauración Nacional (PRN), comenzó este mes a ir descalza al plenario  y mantenerse de pie durante las sesiones, en una protesta contra la norma técnica del aborto.

Su colega evangélico Jonathan Prendas, disidente del PRN, aseguró que "la vida es inviolable" y que "la posición del presidente Alvarado es ilegal e inconstitucional".

Evangélicos y católicos han alertado de que con la medida se puede "abrir un portillo" para otras formas de aborto.

Ley sin cumplir

Pero la abogada Arroyo rechazó la versión, señalando que "la norma técnica no puede ir más allá de la ley", y que existen protocolos para todos los procedimientos en salud, desde el lavado para una cirugía hasta un parto.

"Tenemos una ley de hace 50 años que no se ha cumplido por un prejuicio, entonces necesitamos una norma que le dé seguridad jurídica y técnica al personal de salud" ante casos de embarazos que implican riesgos para la mujer, sostuvo Arroyo.

Aseguró además que no existe en Costa Rica ningún proyecto para ampliar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, ni siquiera para víctimas de violación o menores de edad.

En cambio, dijo, con el más reciente son tres los proyectos de ley que pujan para restringir el derecho existente, lo que a juicio de la abogada apunta a un peligro de retroceso de derechos como ocurrió en El Salvador, Nicaragua y Honduras.

En esos tres países existía la posibilidad legal de interrumpir el embarazo en caso de riesgo para la madre, pero se adoptaron restricciones totales impulsadas por gobiernos conservadores o por concesiones a grupos religiosos.

"Pareciera que hay una relación muy directa entre democracia, estado de derecho y acceso a los derechos humanos en general, particularmente los derechos sexuales y reproductivos", indicó Arroyo