Han pasado 12 años pero los ojos de Sabitri Chilwal se siguen llenando de lágrimas cuando recuerda el día en que su esposo fue tiroteado y abandonado agonizando en un charco de sangre por insurgentes maoístas en Nepal.

“Hace diez años que la guerra terminó y sin embargo no se ha hecho nada. Los asesinos de mi marido se pasean en libertad”, explica esta mujer, una de las 60 mil personas que recurrió a una comisión para investigar los asesinatos, violaciones y desapariciones forzadas de esa época.

Los asesinos “ahora están en el gobierno. Sé que no ocurrirá nada”, admite.

Nepal hoy cumple diez años desde la firma del acuerdo de paz, la cual puso fin a una década de guerra civil que costó la vida a 16 mil personas.

Con él vino la esperanza de una nueva Constitución para cerrar las profundas fisuras de la sociedad nepalesa, pero diez años después, Nepal, actualmente gobernado por los maoístas, sigue presa de las divisiones políticas y luchas intestinas. 

Sin embargo, hasta nueve gobiernos diferentes, fruto de coaliciones inestables, se han sucedido.

Las comisiones encargadas de investigar los crímenes de ambos bandos durante la guerra carecen de medios financieros suficientes y están paralizadas por interferencias políticas y militares, según los expertos.

Enfrentamientos

En julio, el líder maoísta Pushpa Kamal Dahal, más conocido por su nombre de guerra “Prachanda” (El feroz), accedió al poder por segunda vez después de que desacuerdos en torno a la nueva Constitución costaran el cargo a su predecesor, K.P. Sharma Oli.

La Constitución debía validar las promesas de la revolución y transformar Nepal en un Estado laico, federal, democrático y en el que las diversas comunidades tuvieran su lugar.

Pero su aprobación en septiembre de 2015, en una votación precipitada por dos terremotos que devastaron el país y dejaron 9.000 víctimas, estuvo marcada por mortíferos enfrentamientos entre las fuerzas del orden y minorías étnicas que se consideraban marginadas por el texto.

Una década después de la firma, el acuerdo de paz “permitió poner fin al conflicto pero no logró reestructurar el país instaurando una estabilidad política mediante políticas igualitarias y progresistas”, constató el analista político CK Lal.

Preocupación de las minorías

A pesar del ideal comunista igualitario que defendía la insurrección maoísta, muchos consideran que la nueva Constitución concentra el poder en manos de la pequeña élite dirigente de Katmandú y no otorga suficiente representación a las minorías étnicas.

Históricamente marginada, la comunidad Madhesi, instalada en las llanuras en la frontera india, bloqueó a finales de 2005 y principios de 2016 el paso de los camiones de mercancías para protestar contra la nueva Constitución. 

La escasez de bienes afectó durante varios meses a Nepal, país que depende mucho de India para sus importaciones.

Al final de la guerra, “había un consenso de las dos partes para una transformación socioeconómica. Pero se diluyó, se perdió o fue ignorado” con el tiempo, dice Akhilesh Upadhyay, redactor jefe del Kathmandu Post.

Para tratar de evitar un nuevo bloqueo del país, el primer ministro Prachanda prometió enmiendas a la Constitución antes de que termine noviembre.