El 2019, cierra como un año marcado por fuertes movilizaciones sociales en América Latina. Las protestas entraron en la vida política de la región y lograron poner sobre la mesa la necesidad de discutir más ampliamente temas como la legitimidad del sistema político, los efectos negativos de las políticas neoliberales, la corrupción, la violencia de género y el cuidado del medio ambiente, entre otros. Así, los acontecimientos de este año invitan a preguntarse si la frecuencia y la intensidad de estas protestas en la región representa una fragilidad de las instituciones políticas para atender a las demandas de los ciudadanos o si, al contrario, se trata de una parte importante del proceso democratizador de la región. 

Tres casos en la región andina ayudan a ilustrar esta discusión y a proponer rutas de acción para el cambio social. El primero de ellos es Ecuador, que se convirtió en escenario de movilización social fuerte durante las primeras semanas de octubre, cuando amplios sectores ciudadanos reaccionaron en contra del desmonte a los subsidios de la gasolina; sus efectos no se restringirían únicamente al precio del combustible, sino que también incidirían en los precios de los alimentos, transporte y bienes de consumo. Las protestas se centraron en este punto, pero también fueron una reacción en contra del paquete de medidas de austeridad propuesto por el presidente Lenín Moreno en consonancia con recomendaciones del Fondo Monetario Internacional. 

A las reacciones iniciales se sumó la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, aumentando la presión contra el gobierno de Moreno que en un primer momento tomó medidas de tipo coercitivo, incluyendo la represión policial y un estado de sitio en Quito. 

Esta respuesta fue insuficiente y la presión se mantuvo, al punto de que el presidente Moreno trasladó la sede de gobierno a Guayaquil y desde allí inició un proceso de diálogo con representantes de la CONAIE en el que se logró mantener el subsidio a los combustibles, pero cuyos resultados más amplios son inconclusos. 

Bolivia, el segundo caso, inició un ciclo de protestas después de las elecciones del 20 de octubre cuando opositores de Evo Morales reaccionaron en contra de los resultados electorales que indicaban un periodo más de gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS). Esta situación se profundizó después del 10 de noviembre cuando el comandante de las fuerzas militares le ‘sugirió’ al presidente Morales que abandonara su cargo, forzando su renuncia y su exilio. 

 Evo Morales. FOTO: AFP

Las protestas y los enfrentamientos con la fuerza pública se hicieron más álgidos en ciudades como La Paz, El Alto y Cochabamba, donde seguidores de Evo manifestaron su apoyo al presidente y denunciaron el gobierno de Jeanine Áñez por su escasa legitimidad y su cercanía con los círculos reaccionarios de Luis Fernando Camacho, político y empresario de Santa Cruz de la Sierra, que ha participado activamente en lo que para muchos es un golpe de Estado. 

Las reacciones del nuevo gobierno se han concentrado en la represión a la protesta social, causando varios muertos en las zonas de mayor influencia de Evo Morales, y desconociendo los reclamos y reivindicaciones de estos sectores de la sociedad. Hay un llamado a elecciones para marzo de 2020, en las que Evo Morales y su vicepresidente, Álvaro García Linera, no podrán participar, pero que sí contarán con representación del MAS, el partido que gobernó el país entre 2006 y 2019. 

Colombia, el tercer caso, presenta las mayores movilizaciones sociales de la historia reciente del país después del paro nacional convocado para el 21 de noviembre en oposición a los proyectos de reforma laboral, pensional y tributaria del gobierno de derecha de Iván Duque. Sin embargo, las demandas y reivindicaciones que se observaron en distintas marchas y concentraciones del país permiten ver que hay un descontento social frente al sistema político, la situación de derechos humanos y el acceso a bienes y servicios sociales como la educación y la salud. Las movilizaciones se han replicado en las semanas posteriores al 21 de noviembre, mostrando una sociedad capaz de resistir y comprometida con un proyecto de cambio social.  

En esto probablemente ha incidido el clima de movilización social que se ha vivido en la región durante todo 2019, siendo Chile el caso más emblemático y Haití el más olvidado, a pesar de su gran extensión. También son fundamentales los procesos de movilización social que ha vivido el país desde 2010, cuando estudiantes, maestros, indígenas, campesinos, sindicatos y ciudadanos no organizados, pero sí comprometidos, revivieron la protesta social y la ampliaron a otros sectores que tradicionalmente no participaban en ella. La respuesta del gobierno colombiano se ha basado en la represión policial, que da cuenta de un talante autoritario, y el desconocimiento de los reclamos de los sectores movilizados bien sea por omisión o por querer imponer ejercicios de diálogo en los que solo se escuchan las propuestas del gobierno. 

En este punto es importante cuestionar el carácter democrático de una sociedad donde la protesta se ejerce, pero encuentra respuestas como la represión o el desconocimiento. 

¿Qué es lo que puede aportar la protesta? Si los gobiernos se abren al diálogo es posible incorporar nuevas demandas al sistema político y atender los reclamos de amplias capas de población que tal vez no encuentran representación en los partidos de gobierno; es posible construir un mayor consenso y con ello contribuir a la consolidación democrática. 

La protesta es un síntoma de una sociedad en proceso de maduración que busca soluciones a sus problemas cuando estas no se encuentran en los canales institucionales tradicionales; una sociedad que busca la democracia más allá de lo establecido y que es capaz de reinventarse para cambiar. 

Como dice la consigna del 21N: ¡A parar para avanzar!; los cambios sociales requieren la ruptura de viejos consensos y eso siempre generará tensiones, pero no por ello hay que dejar de avanzar.