La misión del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU abandona este sábado Nicaragua tras una orden del gobierno de Daniel Ortega, molesto con un informe del organismo sobre la represión en el país.

La decisión se produjo dos días después de que el organismo emitiera un duro informe sobre abusos contra manifestantes antigubernamentales, que el gobierno de Ortega consideró una "extralimitación" de las facultades de la entidad.

En una misiva divulgada el viernes, la cancillería nicaragüense dio "por concluida la invitación (a la misión de la ONU) y finalizada la visita a partir de hoy 30 de agosto de 2018".

Desde el inicio de las protestas en abril, la violencia deja más de 320 muertos, 2.000 heridos, una cantidad no precisa de detenidos y desaparecidos, así como miles de desplazados a Costa Rica.

El representante de la misión de la ONU, Guillermo Fernández, fue llamado a la cancillería para una reunión con el ministro Denis Moncada, en un ambiente tenso y lleno de protocolo, según una imagen exhibida sin audio por el estatal Canal 6 de televisión.

La misión llegó a Nicaragua el 24 de junio y "le ha comunicado al gobierno la salida de este equipo (de cuatro miembros) el 1 de septiembre", dijo Fernández en rueda de prensa.

El funcionario se mostró sorprendido por la reacción del gobierno: "No esperábamos que hubiera una decisión en este sentido".

La Alianza Cívica (de estudiantes, empresarios y sociedad civil), contraparte del gobierno en el estancado diálogo con mediación de la iglesia católica, repudió "enérgicamente la salida forzada" de la ONU y sostuvo que "las causas y condiciones" para su presencia en el país "siguen vigentes".

Labor en forma remota

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, lamentó la salida de la misión de la ONU y se comprometió a "cooperar entre sí, cada uno dentro de sus respectivas competencias" para lograr un diálogo inclusivo y útil en Nicaragua "lo más pronto posible".

El organismo de la ONU anunció en una nota de prensa que "proseguirá su labor" de monitorear e informar sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua "de forma remota", conforme su mandato conferido por la Asamblea General de la ONU.

También indica que continuará apoyando a las víctimas y familiares, al tiempo que "reitera su disposición" de apoyar a las autoridades para que Nicaragua cumpla sus obligaciones internacionales de derechos humanos.

"Con la expulsión de los funcionarios de Naciones Unidas, Ortega le toma el pulso a (la chilena Michelle Bachelet), que asumirá en pocos días como Alta Comisionada para Derechos Humanos", escribió en Twitter José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch para las Américas.

Amnistía Internacional consideró que la decisión de Ortega "deja en evidencia los crímenes cometidos y su desdén por las obligaciones internacionales" y advierte una estrategia de aislamiento con intención de "continuar la represión".

La decisión del gobierno fue acompañada de un ambiente de intimidación en las proximidades de la sede de Naciones Unidas en Managua, donde se desplegaron grupos de simpatizantes del gobierno con música de protesta y el estallido de potentes bombas artesanales.

Según el gobierno, la invitación a la misión de la ONU tenía como objetivo acompañar el desmantelamiento de los bloqueos de carretera que mantuvieron los manifestantes antigubernamentales hasta julio, y que eliminó con una violenta campaña denominada "operación limpieza".

Denuncia contundente

El informe de la ONU, divulgado el miércoles en Ginebra, destacó el "clima de miedo" en Nicaragua tras la violenta reacción a las protestas contra la administración de Ortega.

"La represión y las represalias contra los manifestantes prosiguen en Nicaragua, mientras el mundo aparta la vista", señaló en Ginebra el Alto Comisionado Zeid Ra'ad Al Hussein.

Entre las violaciones documentadas en el informe figuran "el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía, que a veces se tradujo en ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y generalizadas, torturas y malos tratos".

El Consejo de Seguridad de la ONU analizará la crisis de Nicaragua el 5 de setiembre, según Fernández.

El opositor Frente Amplio por la Democracia (FAD) señaló que la decisión del gobierno implica un "desconocimiento de sus responsabilidades derivadas de la carta de la ONU" y lo responsabilizó por sanciones que pueda adoptar ese organismo.

La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), Vilma Núñez calificó de "insólita" e "inoportuna" la expulsión de la ONU, lo que "refleja el ánimo de una persona (Ortega) que se siente completamente perdida, que ya no puede ocultar sus responsabilidades".

La vicepresidenta Rosario Murillo dijo a medios oficiales que "aquí no hay cabida para el odio y para seguir atentando contra la paz. Este es un pueblo altivo que no baja la cabeza", sin citar la orden contra la misión de la ONU.

Ortega, de 72 años y con 11 en el poder, refutó el miércoles duramente el informe, y acusó al organismo de la ONU de ser "un instrumento de políticas de terror, mentira e infamia".

Las protestas iniciaron el 18 de abril contra una reforma al sistema de pensiones, que se volvió una demanda para la salida de Ortega y Murillo, señalados de instaurar una dictadura.