Los desesperados padres de los estudiantes encabezaron la llamada Marcha de la Indignación Nacional que partió desde la residencia presidencial de Los Pinos, donde se manifestó el repudio a la versión oficial sobre este crimen perpetrado en Guerrero (sur del país) por policías coludidos con narcotraficantes.

“Marcharemos con toda la energía, no podemos descansar en nuestra búsqueda”, aseguró Felipe de la Cruz, vocero de los familiares de las víctimas.

Hace unos días, los padres de los estudiantes llegaron desde el convulsionado estado de Guerrero hasta la capital para realizar un ayuno de 43 horas en honor a sus hijos y para entrevistarse el jueves pasado con el presidente Enrique Peña Nieto.

En esa reunión, la segunda del mandatario con los padres desde que ocurrió el crimen, Peña Nieto les aseguró que la investigación sigue abierta y anunció la creación de una fiscalía especializada en localizar a los más de 20 mil desaparecidos que hay en el país.

Pero los desilusionados padres le reprocharon la “mentira histórica” sobre lo que ocurrió aquella fatídica noche del 26 de octubre de 2014, y exigen la supervisión internacional de las investigaciones.

Un grupo de expertos independientes enviados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) echó por tierra las conclusiones dadas a conocer por la fiscalía general sobre este caso, atizando la ira y desesperación de los padres que desde hace un año encabezan protestas, a veces multitudinarias y violentas.

De su lado, la ONU México abogó el viernes por un replanteamiento general de la investigación oficial y el esclarecimiento de algunas irregularidades, que incluyen “informaciones sobre el uso de la tortura para conseguir confesiones y alteración de evidencias”.

El triste aniversario del crimen se hizo sentir desde el viernes en Guerrero, con una manifestación de más de dos mil indígenas en Chilapa y la toma de dos radiodifusoras en Chilpancingo (capital estatal) por parte de unos 50 estudiantes de Ayotzinapa.

Más preguntas que respuestas

Asegurando detentar una “verdad histórica”, la fiscalía general concluyó que los estudiantes de magisterio de la beligerante escuela de Ayotzinapa fueron atacados a balazos por policías en la cercana Iguala, asesinando a tres de ellos y a otras tres personas.

Luego, 43 de los estudiantes sobrevivientes habrían sido entregados a narcotraficantes locales, quienes los asesinaron y calcinaron en un basurero cercano, por sospechar que los jóvenes eran miembros de un cártel antagónico.

Sin embargo, los expertos de la CIDH concluyeron que no existe ninguna evidencia de que los jóvenes hayan sido incinerados en ese basurero y criticaron que la investigación oficial no explore la hipótesis de que los estudiantes fueron atacados por haber tomado, erróneamente, un autobús que transportaba heroína.

Ayuda internacional

Las autoridades de México enviaron a un prestigioso laboratorio de Austria 17 fragmentos óseos, de los que sólo se pudo identificar completamente a uno de los estudiantes y parcialmente a otro.

El viernes, la fiscalía informó que analiza cerca de 60 mil restos óseos para enviar nuevas muestras al laboratorio austriaco.

El desempeño de las autoridades mexicanas en este caso ha sido duramente criticado por ONG nacionales y extranjeras, llevando a pique la imagen de Peña Nieto.

“Estamos en una situación sin salida porque no habrá una versión que sea aceptada por todos”, estimó José Antonio Crespo, analista político del Centro de Investigación y Docencia Económicas.

Hasta el final del mandato presidencial en 2018, el caso Ayotzinapa “va a quedar como un sello de este gobierno, negativo, como fue (la matanza de los estudiantes en el año) 68 para el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz”, señaló Crespo.

*AFP