Una ola de manifestantes pidió ayer la destitución de la presidenta Dilma Rousseff, en un clima de fuerte descontento social por la recesión económica y por un megafraude a la estatal Petrobras que salpica a la élite empresaria y política del país.

Por lo menos un millón de brasileños participaron de las marchas en más de 400 ciudades, custodiadas por una operación policial reforzada, durante una jornada de protesta que por primera vez es explícitamente apoyada por partidos de la oposición.  

La magnitud de las marchas es un dato sensible para Rousseff, que enfrenta un pedido de juicio político que podría terminar anticipadamente su mandato, previsto hasta 2018, y también para los legisladores que buscan motorizar ese proceso que está en debates en el Congreso.

En Río de Janeiro, sede de los Juegos Olímpicos en agosto, miles de personas caminaron junto a las playas de Copacabana y tiñeron la ribera marina con los colores amarillo y verde de la bandera nacional.

En Brasilia, en la explanada central que conduce al Congreso, más de 100 mil manifestantes se agruparon en torno a los camiones desde donde los organizadores arengaron la multitud con consignas antigobierno.

Sao Paulo, la capital económica e industrial de Brasil, se conviritó en el corazón del descontento social, como lo fue en 2015 cuando se congregaron cerca de un millón de brasileños.

“Vine porque estoy cansada de ver tanta corrupción y para reclamar por el desorden en que se convirtió este país. Basta de robo, basta”, dijo Rosilene Feitosa, una pensionada de 61 años. “Yo voté por el PT (Partido de los Trabajadores, PT) pero nunca más”, agregó.

Las dificultades

El tiempo no ha jugado a favor de Rousseff, que en los últimos meses vio cómo el presidente de la Cámara de Diputados aceptaba en diciembre un pedido de impugnación en su contra por maquillar las cuentas públicas.

Mientras tanto, la recesión económica ahoga al país y se encamina a ser la peor en un siglo.

Sin embargo, el último golpe llegó la semana anterior cuando la Fiscalía de Sao Paulo solicitó la prisión preventiva del símbolo y fundador del gobernante Partido de los Trabajadores, Luiz Inacio Lula da Silva, tras denunciarle por ocultación de patrimonio, una modalidad de lavado de dinero.

En el punto de mira está un apartamento del que el expresidente niega ser propietario y que le relacionaría supuestamente con una constructora implicada en el multimillonario fraude a Petrobras, por el que ya había sido forzado a declarar días antes. 

Alianzas rotas

Con una caída de su PIB del 3,8% en 2015 y una proyección negativa para este año, un desempleo en alza y las cuentas públicas en rojo, la potencia emergente entró en una espiral de desánimo.

El sábado, el mayor aliado que tiene el PT en el gobierno anunció que evalúa romper la alianza. 

El centrista PMDB, la mayor fuerza política de Brasil, debatirá durante 30 días si abandona a Rousseff a su suerte o si se mantiene dentro del gobierno. 

En plena tormenta, Rousseff compareció al término de la semana anterior y echó mano de su carácter diciendo: “¿Creen que tengo cara de estar resignada? ¿Creen que tengo genio para resignarme? Yo no estoy resignada ante nada y no tengo esa actitud ante la vida”. 

*Brasilia | AFP