En apenas una semana al frente del poder en Argentina, el conservador Mauricio Macri implementó una serie de medidas de alto impacto para darle la vuelta al modelo populista vigente en los últimos 12 años: una apuesta arriesgada en la que pone en juego su capital político.
 
Macri, de 56 años, derrumbó el modelo económico de su antecesora, Cristina Fernández, en el que el Estado tenía las riendas de la economía con fuertes regulaciones financieras y comerciales e implementó, en cuestión de días, una política de libre mercado.
 
El mandatario eliminó las restricciones a la compra de dólares, conocidas popularmente en Argentina como el "cepo" cambiario, que rigieron durante todo el segundo mandato de Fernández (2007-2015).
 
Era una de las disposiciones más esperadas por los mercados. Asimismo, eliminó los impuestos a las exportaciones de varios granos, como trigo y maíz, y redujo los de soya, una de las principales fuentes de divisas y de financiamiento de los inéditos planes sociales que el kirchnerismo destinó a los sectores más vulnerables de la población.
 
También quedaron exentas las ventas externas de productos industriales.
 
Las medidas fueron bienvenidas por la clase empresarial pero le pueden acarrear al presidente algunos sinsabores y limar parte de su respaldo popular.
 
Los derechos a las exportaciones, principalmente, así como también las sumas que retenía el fisco a la compra de dólares para ahorro y por pago de tarjeta en moneda extranjera, abastecían al Estado kirchnerista de una parte de los recursos para la Asignación Universal por Hijo (AUH), que beneficia con un promedio de 1.400 pesos (unos 100 dólares) al mes a dos millones de familias sin empleo o con trabajo informal. 
 
Macri ha dicho que mantendrá la AUH, pero no aclaró cómo la financiará ya sin los ingresos del sector agroexportador.
 
"El nuevo gobierno no sólo tendrá que desarmar un modelo económico agotado e imponer uno nuevo, sino que lo tendrá que hacer en un contexto internacional mucho más adverso, además de no contar con amplio margen para errores", dijo el economista Ramiro Castiñeira, en un informe de la consultora Econométrica.
 
El analista señaló que el mandatario no tendrá mucho margen político "ante la falta de mayoría en las cámaras (del Congreso)...ni margen económico, ante las escasas reservas del BCRA (Banco Central de la República Argentina)", que ascienden a poco más de 24.383 millones de dólares.
 
El temor imperante es que el fin de las restricciones para operar con dólares, que impuso a fines de 2011 la entonces presidenta Fernández para limitar la fuga de divisas al exterior, desencadene una fuerte devaluación que a su vez dispare la inflación, ante un escenario de bajas reservas en el Banco Central. 
 
Ello perjudicaría el poder adquisitivo de los sectores más populares.
 
El primer día de funcionamiento del dólar libre, el peso se devaluó 41% y terminó cotizando a 13,95 pesos por unidad contra los 9,60 pesos de la jornada anterior. 
 
Los economistas calculan que el aumento del costo de vida sería de un 30% en 2015, pero para el próximo año algunos estiman un incremento de precios en torno al 35%. En las últimas semanas se detectó una subida de precios de productos de consumo básico superior al 40 por ciento. Una de las marcas de yogur pasó de 14 pesos la unidad a 21 pesos.
 
"El gran interrogante y riesgo para Macri es el impacto de la devaluación en la inflación y también en las negociaciones salariales que empezarán marzo", dijo Daniel Kerner, analista de Eurasia Group, con sede en Estados Unidos.
 
El combativo dirigente sindical Hugo Moyano, secretario general del gremio de choferes de camiones, reclamó a Macri que "este cepo que le saca al dólar no se lo ponga a las paritarias (negociaciones salariales en cada rama de la economía)", en el sentido de poner un techo a los aumentos de salario con un porcentaje que esté por debajo de la inflación.
 
En los últimos días, los principales gremios estatales y privados exigían bonos de fin de año por 8.000 pesos (unos 600 dólares), para amortiguar la subida del costo de vida.
 
Atajar la inflación en Argentina, la segunda mayor en América Latina después de Venezuela, es una de las principales preocupaciones de los argentinos y el caballo de batalla del gobierno para reordenar la economía.
 
Los economistas coinciden en que más allá de los costos políticos y sociales que suponen el fin del "cepo" cambiario, esta decisión era inevitable para poner en marcha una economía prácticamente estancada en los últimos cuatro años.
 
Castiñeira dijo al respecto que a partir del 2012 las exportaciones empezaron a caer y "para evitar ajuste, el gobierno (de Fernández) empezó a vivir de las reservas acumuladas en los años mozos del modelo", cuando la tonelada de soja estaba a precio record, las cuales "eran administradas con cepo".
 
Econométrica señaló que la inevitable corrección de las distorsiones económica provocará "una leve caída del Producto Bruto Interno en 2016", aunque habrá un "efecto rebote" al final de ese año "que se materializará en la tasa de crecimiento del 2017". Otros problemas son el déficit fiscal, que algunos economistas calculan por encima del 6 por ciento del PIB.
 
Otro desafío que tiene por delante el mandatario es la resolución del litigio con los acreedores que reclaman una deuda millonaria al país sudamericano en los tribunales estadounidenses por bonos en cese de pagos desde la crisis de 2001. 

Si bien ya hubo contactos entre las partes por medio de abogados, todavía el gobierno no ha explicado cómo piensa destrabar este problema que ha frenado las inversiones y el acceso al crédito y que está resuelto a finiquitar. La idea es negociar, pero en una situación de fortaleza una vez que las autoridades se aseguren el atesoramiento de divisas de entre 5.000 y 25.000 millones de dólares para sostener el mercado de cambios. 
 
"La liquidación de la cosecha retenida podría aportar divisas durante el verano (austral), mientras se aguarda el ingreso de dólares procedentes de inversores extranjeros y ahorristas locales que repatríen capitales. Una vez estabilizada la situación el gobierno podría avanzar en negociaciones con los holdouts desde una posición de mayor fuerza relativa", dijo en un informe el analista Matías Carugati, de la consultora Management & Fit.
 
A su vez el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció un crédito por 5.000 millones de dólares para los próximos cuatro años para infraestructura y ayuda social. 
 
"Este es un momento muy interesante para la Argentina", dijo el titular del BID, Luis Alberto Moreno Mejía. "De la mano de créditos que da el BID a la Argentina podemos apalancar recursos de tantos otros socios que pueden llegar a invertir".

Otro foco de preocupación es el déficit energético, que obligó a decretar la emergencia en el sistema eléctrico hasta 2017, en cuyo transcurso se fomentará el uso racional de la energía. Asimismo, el gobierno advirtió la necesidad de eliminar subsidios que mantiene congeladas las tarifas en ciertos segmentos de la población, lo que dispara los precios y previsiblemente el mal humor social.
 
Si las medidas afectan el bolsillo de la población, Macri tendrá mucho menos margen para negociar las políticas de su gobierno en el Congreso. El peronista Frente para la Victoria, con el que Fernández gobernó, controla el Senado mientras que tiene la primera minoría en la Cámara de Diputados.
 
La aprobación de un acuerdo con los llamados "fondos buitre", de los dos candidatos a jueces de la Corte Suprema impulsados por el gobierno y del nuevo titular del Banco Central requiere del visto bueno del Parlamento.

*Buenos Aires | AP