El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva salió este miércoles por primera vez en siete meses de la sede de la Policía Federal en Curitiba, donde cumple una pena de más de 12 años de cárcel, para ser interrogado en otra de las causas de corrupción en su contra.
   
La audiencia, cerrada a la prensa y sin transmisión en directo, está a cargo de la jueza Gabriela Hardt, que comanda provisoriamente la operación anticorrupción "Lava Jato" (Lavadero de autos) en sustitución de Sergio Moro, futuro ministro de Justicia del presidente electo Jair Bolsonaro.
   
El video de la comparecencia debe difundirse al final de la sesión.
   
Antes del expresidente, fue interrogado por cerca de una hora el ganadero José Carlos Bumlai, acusado de lavado de dinero en el marco del mismo proceso, que involucra a trece personas.
   
Lula, de 73 años, llegó a la sede de la Justicia Federal en un patrullero. Un fuerte operativo de seguridad acompañó la caravana que salió de la sede de la Policía Federal, frente a la cual decenas de militantes cantaban y enarbolaban banderas de apoyo al exmandatario (2003-2010).
   
El convoy abandonó el edificio por una puerta trasera. "Sabíamos que no le iban a dar el gusto a Lula de vernos, pero igual le mandamos ánimos, para que sienta nuestra compañía", dijo Susi Montserrate, en la vigilia que se instaló en un terreno vecino desde que Lula fue detenido el 7 de abril.
   
Por la mañana, el líder de la izquierda recibió a sus abogados y a Fernando Haddad, el excandidato del Partido de los Trabajadores (PT, izquierda) en las presidenciales de octubre, en las que resultó electo el ultraderechista Jair Bolsonaro con 55% de los votos.
   
Diputados y senadores del PT acompañaron la manifestación, así como la de grupos más nutridos de personas que se movilizaron hasta la sede de la Justicia Federal de Paraná (estado cuya capital es Curitiba).
   
"Teníamos mucha expectativa de verlo. Hace 222 días que está preso", dijo Regina Cruz, dirigente sindical apostada en el frente del poder judicial.
   
En un día que empezó con altas temperaturas y siguió con fuertes lluvias, los manifestantes prometieron mantenerse en pie hasta el final del interrogatorio. "Él está preso siendo inocente, es un preso político, no hubo pruebas, apenas montaron un circo este año para impedirle participar en las elecciones porque sería presidente de nuevo", dijo Célia Pontkievicz.

Otros procesos 

En esta causa, Lula responde por el presunto beneficio de reformas pagadas por las constructoras brasileñas OAS y Odebrecht entre 2010 y 2014 en una hacienda en Atibaia, interior de Sao Paulo. La fiscalía le acusa de ser el propietario "de facto" y de haber retribuido estas prebendas con preferencias para contratos con Petrobras.
   
La defensa de Lula mantiene su inocencia y asegura que la propiedad no le pertenece.
   
Según expertos, la sentencia difícilmente saldrá antes de un mes y lo más probable es que se dicte después de la feria judicial de fin de año.
   
En la condena a 12 años y un mes de cárcel que purga actualmente, Lula fue considerado beneficiario de un apartamento en la ciudad balnearia de Guarujá (costa del estado de Sao Paulo, sudeste), puesto a su disposición por OAS, igualmente a cambio de su mediación en contratos de la paraestatal petrolera Petrobras.
   
Lula enfrenta otros cuatro procesos, por corrupción pasiva, tráfico de influencias, lavado de activos y formación de organización criminal. En todos se declara inocente y denuncia una conspiración para evitar que vuelva al poder.
   
En un mitin de campaña en octubre, Bolsonaro afirmó que Lula "va a pudrirse en la cárcel".
   
La jueza Hardt, en la "línea dura" de Moro

La designación de Moro como ministro de Bolsonaro fue vista por la defensa de Lula como "la prueba definitiva (...) de que Lula fue procesado, condenado y encarcelado sin haber cometido ningún delito, con el claro objetivo de neutralizarlo políticamente".
   
La partida de Moro abre una nueva etapa en "Lava Jato", la operación que llevó a la cárcel o sentó en el banquillo a centenas de empresarios de primer plano y a dirigentes de casi todos los partidos, al revelar un esquema de sobornos obtenidos a cambio de contratos en la Petrobras.
   
Gabriela Hardt, de 42 años, es considerada una jueza de "línea dura". Magistrada desde 2009, es sustituta de Moro desde 2014. Comandará la investigación hasta tanto sea designado el relevo de Moro.