El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva proclamó este jueves su intención de presentarse a las elecciones de 2018 pese a su condena a casi 10 años de prisión por corrupción, dando un nuevo giro a la dilatada crisis política de Brasil.

"Si alguien quiere sacarme de juego con esa sentencia, tiene que saber que sigo en el juego", aseguró en tono combativo Lula (2003-2010), un día después de que Sergio Moro, el juez de primera instancia encargado de la operación 'Lava Jato', hiciera pública su sentencia.

Negando todas las acusaciones y considerándose víctima de una "cacería judicial", el ícono de la izquierda latinoamericana reafirmó en una rueda de prensa en Sao Paulo que no tirará la toalla en su carrera presidencial, en la que las encuestas le dan como favorito.

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"A partir de ahora, voy a reivindicar del PT [Partido de los Trabajadores] el derecho de postular a la candidatura de 2018", declaró el exmandatario (2003-2010) aclamado por sus simpatizantes.

El expresidente, que enfrenta otras cuatro causas penales, puede apelar la sentencia en libertad y sólo vería impedida su candidatura si fuera condenado en segunda instancia.

Lula encarna la alta polarización en el gigante latinoamericano y es también el político con mayor rechazo entre los precandidatos presidenciales: el salvador de los pobres para algunos o el líder de la red corrupta en Petrobras para otros.

Escudado por los suyos y vestido con su habitual polo rojo del PT, Lula volvió a demostrar que mantiene en forma la energía e ironía de siempre.

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Hablando de sí mismo en tercera persona, el exdirigente sindical que enfrentó a la dictadura militar (1964-85) y colocó a Brasil en el mapa, logrando sacar a 30 millones de la pobreza declaró: "Lula, con 71 años, cerca de cumplir 72, está decidido a pelear de la misma forma que cuando tenía 30 años".

"El único que tiene el derecho a decretar mi fin es el pueblo brasileño", manifestó.

 "Golpe"
  
Sergio Moro, para muchos un ícono de la lucha anticorrupción en Brasil, condenó el miércoles a Lula a nueve años y medio de cárcel por corrupción y lavado de dinero acusado de recibir un apartamento tríplex en el balneario de Guarujá (Sao Paulo),

ofrecido por la constructora OAS a cambio de su influencia para obtener contratos en Petrobras. 

Pero para el exmandatario, las investigaciones que desde hace más de tres años golpean a la élite política y empresarial con un amplio uso de las prisiones preventivas y las delaciones premiadas han convertido a Brasil en un "Estado casi de excepción, en el cual los derechos democráticos están siendo tirados la basura".

Su condena respondería, según él, a una estrategia para desterrar del poder al PT, que en 2016 cerró un ciclo de 13 años de gobierno cuando su sucesora y ahijada política, Dilma Rousseff, fue destituida por el Congreso acusada de manipular las cuentas públicas.

Para el PT, "un golpe". "Si Lula pudiera ser candidato, el golpe no cerraba. Porque, ¿cuál es la lógica de sacar este gobierno y, dos años después, que Lula fuera candidato y volviera?", lanzó.
  
Temer en la mira
  
Sin embargo, ni siquiera está claro si Brasil celebrará sus elecciones previstas normalmente en octubre de 2018. La presidencia del conservador Michel Temer, que sustituyó a Rousseff, pende ahora de un hilo después de ser grabado dando su aparente aval al pago de un soborno. 

La fiscalía general lo denunció por corrupción y su futuro está en manos de la Cámara de Diputados.

La Comisión de Constitución y Justicia (CCJ) seguía discutiendo si consideraba admisible o no la denuncia con la expectativa de que sus 66 miembros realicen su voto en la tarde, para que luego el caso pase al Plenario. 

En el último revés para el debilitado gobierno Temer, el relator del informe parlamentario, Sérgio Zveiter (del mismo partido del presidente) recomendó el lunes a la comisión pronunciarse a favor de encaminar la denuncia a la corte suprema, lo que podría apartarlo del poder. 

Inicialmente, se esperaba que la CCJ votara en esta línea, marcando un patrón para el voto final, pero en las últimas horas hubo numerosos reemplazos de aparentes miembros díscolos de partidos de la coalición.

En este contexto ganan cada vez más fuerza las voces que ven en el presidente de la Cámara -y primero en la línea de sucesión-, Rodrigo Maia, la opción para sacar a Brasil de una crisis que parece no tener fin. 

Temer, sin embargo, sigue confiando en conseguir archivar este caso en el Plenario, donde tiene mayoría y hay muchos diputados investigados.

Pero nadie pierde de vista que el fiscal general se guardó otras dos denuncias en la manga.