No son nuevas las acusaciones de los grandes narcotraficantes sobre sobornos a los políticos o a las mismas autoridades, tanto en Colombia como en México, donde el narcotráfico ha invadido todas las esferas.

Pero, muchas de dichas acusaciones (algunas ciertas, otras falsas y otro tanto por confirmar u olvidadas) han quedado y se repiten en la historia, mientras persista este  negocio y su silenciosa y oscura necesidad de movimiento para exportar toneladas de droga al mundo entero.

En Colombia, el extinto capo Pablo Escobar compró las conciencias de militares, policías, políticos, empresarios, jueces, fiscales y periodistas, pero también terminó con la vida de decenas de ellos. 

Similar historia la repitieron los hermanos narcotraficantes  Jorge Luis, Juan David y Fabio Ochoa Vásquez o los hermanos Miguel Ángel y Gilberto Rodríguez Orejuela, entre muchos otros.

Por estos días, en el juicio que enfrenta Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán en Estados Unidos se ha acusado al expresidente de México, Enrique Peña Nieto, de recibir sobornos del crimen organizado en más de una ocasión, aunque esas afirmaciones generan dudas al carecer de pruebas que las sostengan. Así también de su antecesor Felipe Calderón (2006-2012).

Más aún, llamó la atención al mencionarse también al  exvicepresidente y exdirector de la Policía de Colombia, general Óscar Naranjo, de haber protegido a el Chapo a cambio de dinero.

El oficial colombiano (en retiro) fue señalado por un testigo de la fiscalía estadounidense durante el juicio que se realiza en Nueva York, de recibir una mensualidad para dar protección a la familia del jefe del Cartel de Sinaloa.

La acusación fue lanzada ante el jurado por Alexander Cifuentes, el hijo menor de una legendaria familia colombiana de narcotraficantes que vivió con el Chapo en las montañas de Sinaloa. 

“Francamente aquí estamos frente a una mentira”, dijo Naranjo, vice del expresidente Juan Manuel Santos, entre 2017 y 2018.

Naranjo aseguró que mientras dirigió a la policía colombiana, entre 2007 y 2012, “visibilizó de manera pública” las relaciones narcotraficantes del clan Cifuentes Villa y trabajó con agencias internacionales para conseguir órdenes de extradición en su contra.

“Para ser totalmente categórico, si hubiese protegido a cambio de dinero a esa familia, nunca se hubiese producido la captura de Dolly Cifuentes, hermana del individuo que hoy hace esa afirmación mentirosa”, agregó el general en retiro.

Dolly Cifuentes, hermana de Alexander, fue extraditada en 2012 a Estados Unidos señalada de tener vínculos con el Cartel de Sinaloa, tras haber sido detenida en agosto de 2011.

Estrecho aliado de las autoridades de Estados Unidos en la lucha contra el tráfico de drogas, Naranjo fue asesor de seguridad de Peña Nieto entre 2012 y 2014, cuando se unió a la delegación gubernamental que logró el acuerdo de paz con la exguerrilla Farc.

Presidente y expresidente 

Cifuentes dijo que el exmandatario Enrique Peña Nieto recibió un soborno de unos 100 millones de dólares, lo que un vocero de Peña Nieto calificó de acusación falsa y difamatoria. 

“Todos estos traficantes presumen ‘yo di mucho dinero, yo corrompí al presidente’, pero la lógica y el sentido común me dicen que es algo difícil. Simplemente no lo creo”, dice Mike Vigil, exagente de la DEA. 

Muchas de estas acusaciones, pese a las primeras planas que acaparan en los periódicos, no tienen sustento legal porque no van acompañadas de pruebas. 

Cuando un narcotraficante corrompe a un político, suele tener alguna prueba porque es un mecanismo de chantaje que puede necesitar en el futuro, dice Raúl Benítez, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

Ese fue el caso de Servando Gómez, ‘la Tuta’, exlíder criminal del grupo conocido como “Caballeros Templarios”, hoy preso, quien llegó a grabar encuentros con distintos líderes políticos del occidental estado de Michoacán que luego filtraba a los medios.

Sin embargo, en el caso de las acusaciones contra Peña Nieto no se ha mostrado prueba alguna. 

“Cien millones de dólares no se pueden esconder, tienen que haber sido entregados de alguna forma, en alguna cuenta o en varias o en propiedades o con joyas, y los narcotraficantes necesitan tener esas pruebas para que funcione”, dice Benítez.

El testimonio de Cifuentes no es el primero contra Peña Nieto. Al inicio del juicio, el abogado de Joaquín Guzmán, Jeffrey Lichtman, aseguró que el Cartel de Sinaloa pagó cientos de millones de dólares a Peña Nieto y su antecesor Felipe Calderón (2006-2012), lo que ambos negaron rotundamente. 

Puede ser

Sin embargo, el hecho de que no haya pruebas no significa que no sean posibles sobornos al más alto nivel en los gobiernos. 

“Sí es posible, en la medida en que los capos del narcotráfico han tenido acceso a altas autoridades y con las que pueden incluso conversar”, dice José Reveles, periodista y autor de libros sobre el narcotráfico. 

Hasta el momento, el actual presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que se debe esperar a que se presenten pruebas sobre las acusaciones de sobornos contra Peña Nieto y Calderón.