“La ciudadanía nos dio una lección”: sin líderes y harto de las instituciones, Chile ha vivido durante 30 días una rebelión popular marcada por escenas de una violencia inédita, cuestionando su “exitoso” modelo económico y obligando a la política a dar un giro inimaginable.

Decenas de miles de personas han protestado a diario contra los pilares del capitalismo y un modelo neoliberal con escasa presencia del Estado como garante de derechos como la salud y la educación.

En esta revuelta que ha dejado 22 muertos -cinco a manos de fuerzas del Estado- y más de 1.000 heridos, el tercer punto de batalla son los Fondos de Pensiones: administradoras privadas donde los trabajadores chilenos aportan parte de su sueldo para recibir en su jubilación un promedio 30 o 40% de su último salario, casi equivalente al salario mínimo de 418 dólares mensuales.

El presidente Sebastián Piñera, en el poder desde marzo de 2018, se convirtió en el objetivo de la crisis más grave que haya vivido este país desde que recuperó la democracia en 1990.

Pero el movimiento, que reza y canta “Chile despertó”, no duda en apuntar su ira contra todo el espectro político en el poder tras el fin de la dictadura de Augusto Pinochet: los dos gobiernos demócrata cristianos entre 1990-2000 y los tres períodos de los socialistas entre 2000 y 2018. 

Piñera, presidente entre 2010 y 2014, empezó su segundo gobierno en 2018 prometiendo “tiempos mejores”. Consideró el inicio de esta crisis un problema de desorden público. Declaró que su país estaba “en guerra” y decidió decretar el estado de emergencia que significó sacar por primera vez desde 1990 a miles de militares en las calles.

Ni los militares ni la violencia de la policía, acusados de violaciones de derechos humanos, mermaron la determinación de los chilenos de poner fin a lo que han denominado los “abusos” de un sistema económico que, si bien disminuyó drásticamente la pobreza (-30% desde 1990), se basa en una sociedad muy desigual.

En una montaña de rusa de protestas, disturbios, semiparalización de las actividades comerciales y laborales, y red del metro a medias, el gobierno de derecha cedió a reclamos lentamente en relación al apuro de la calle.

Fue así que políticos de todos los partidos, menos los comunistas, sellaron un acuerdo para ir a un plebiscito en abril de 2020 para cambiar la Constitución heredada de la dictadura de Pinochet, considerada por la sociedad y expertos origen del destrato a las clases más bajas.

Giro de 180 grados 

Santiago y ciudades como Valparaíso y Concepción quedaron marcadas por esta convulsión social. Comercios cerraron por al menos 15 días, aún operan en horarios especiales y, a lo largo de avenidas, tiendas, oficinas y bares taparon sus vitrinas para evitar saqueos.

Se esfumó el miedo a los policías, a expresarse en política, a manifestar ira, a rayar iglesias en un país que hace cinco años era el más conservador y católico de América del Sur. “Red de pedofilia mundial”, rezan fachadas de iglesias.

“Lo que estalló el 18 de octubre es un equilibrio entre la política, la economía y la sociedad que se había debilitado durante un tiempo”, explicó a la AFP Juan Luis Monsalve, abogado y consultor en asuntos públicos y estratégicos.

La Iglesia, los Carabineros (Policía) y los políticos se mancharon por escándalos de corrupción y perdieron “esa capacidad de encauzar conflictos y cohesionar los distintos intereses”, apuntó Monsalve.

Tensión financiera

La convulsión impactó en la economía, ese modelo ejemplar en cifras macroeconómicas que ha logrado dar el mayor ingreso per cápita de la región (unos 23.000 dólares anuales). El peso llegó a mínimos históricos y la bolsa acumuló una pérdida por encima del 13%. 

“La calle obliga a la clase política chilena de manera transversal a hacer lo que no quiso hacer en 30 años y hacerlo en horas”, sostiene Marcelo Mella, académico de la Universidad de Santiago.

El reclamo popular es “hacer reformas al modelo económico chileno que garanticen mayor protección social para sectores y grupos que aparecen como más castigados con el modelo capitalista”, y también a rediseñar las instituciones. 

“Chile salió del closet”, dicen los muros en el sector financiero de Santiago.