Cuando un juez ayudó a congelar las restricciones migratorias ordenadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, empezó a recibir amenazas en internet.

El acoso aumentó las preocupaciones sobre seguridad entre jueces de todo el país, y los expertos temen que los ataques del mismo presidente contra los jueces puedan hacer de los magistrados un objetivo más atractivo.

El juez de distrito, James Robart impuso la semana pasada una orden de suspensión temporal que congeló la aplicación del decreto de Trump. El presidente no tardó en tuitear que la opinión de “este supuesto juez” era “ridícula” y sería revocada. También tuiteó que el juez era un “conocido simpatizante de progresistas” que “¡acaba de abrir la puerta a terroristas!”.

Robart se convirtió rápidamente en un objetivo en medios sociales. Alguien lo llamó en Twitter “Hombre muerto que camina” y otro en Facebook sugirió que debería ser encarcelado en el centro militar de detención de la Bahía de Guantánamo “donde están retenidos otros enemigos de Estados Unidos”.

“Sé que hay un temor entre la judicatura con lo que se está diciendo”, dijo John Muffler, exalguacil de Estados Unidos y que enseña temas de seguridad en el National Judicial College en Reno, Nevada. El experto citó contactos profesionales y correos electrónicos cruzados con jueces.

Los comentarios críticos del presidente tienen consecuencias, añadió, porque “es fácil empujar a la gente al límite, al cruzar la línea una vez se pone en marcha la retórica”.

Luego, Trump arremetió de nuevo contra el sistema judicial después de que la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito en San Francisco apoyara los argumentos a favor de mantener la orden temporal de Robart.

Durante un discurso ante fuerzas de seguridad, el presidente dijo que “los tribunales parecen ser muy políticos” y describió la vista como “una desgracia”.

Al día siguiente, el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, dijo que Trump “no se arrepiente” de sus críticas a los jueces.

Laurie Levenson, profesora de la Facultad de Derecho de Loyola y ex fiscal asistente de Estados Unidos, dijo que los comentarios de Trump sobre Robart fueron “irresponsables”.

“Es degradante y es peligroso”, afirmó, así como “un ataque al estado de derecho”.

Esas declaraciones también podrían inspirar actos violentos, señaló Levenson.

“Lo último que quieres es dar luz verde a alguien confundido que cree que está haciendo un servicio público al atacar a jueces, de forma física o de otro modo”, afirmó.

El candidato de Trump al Tribunal Supremo, Neil Gorsuch, ha descrito las críticas del presidente a los jueces como “decepcionantes y desalentadores”.

Los ataques personales y amenazas contra Robart abundan en medios sociales.

En una página de Facebook sobre el juez, algunas personas le escribieron mensajes de agradecimiento, mientras que otros lo tacharon de desgracia, traidor y “bicho raro con pajarita”.

Un hombre dirigió su mensaje a Robart, afirmando que no podía esperar para “leer sobre el mal karma que va a caer sobre sus débiles hombros encorvados”.

Una mujer escribió: “Ábrales su casa si le pasa cualquier cosa a alguien en este país como el 911, su sangre está sobre su cabeza, y recordaré agujerearle”. Otro dijo: “¿Quién en su familia es prescindible, Robart?”.

Drew Wade, portavoz del Servicio de Alguaciles Federales de Estados Unidos, declinó hacer comentarios sobre la situación del juez. El FBI también declinó hacer comentarios.

Las amenazas contra jueces no son algo nuevo

Las amenazas suelen llegar en forma de emails, llamadas telefónicas, cartas y mensajes en medios sociales, según registros judiciales del Servicio de Alguaciles Federales de Estados Unidos, responsable de proteger a los jueces federales.

Los jueces están bien protegidos en sus oficinas en tribunales, pero la mayoría no recibe protección en casa o cuando se mueven por su comunidad.

El Servicio de Alguaciles ofrece protección adicional si los jueces sufren amenazas o instruyen casos especialmente sensibles o importantes. Todos los jueces tienen derecho a un sistema de seguridad en casa, añadió Muffler.

En los últimos años, los alguaciles han respondido a miles de amenazas contra funcionarios judiciales. Muchas no son serias, pero algunas son más peligrosas

Un hombre de Minnesota utilizó Twitter para amenazar a un juez federal que supervisaba un caso contra partidarios del grupo extremista Estado Islámico.

En Seattle, un acusado dejó mensajes telefónicos y envió cartas a dos jueces afirmando que los mataría, apuñalaría, envenenaría y colocaría bombas debido a sus veredictos.

Un supremacista blanco en Virginia envió mensajes electrónicos amenazando con secuestrar, torturar, violar y matar a un juez, su esposa, hijos y nietos. 

“Las agresiones a jueces no ocurren todos los días, pero las amenazas sí”, explicó Chad Schumcker, presidente del Judicial College. Normalmente las hace “gente perturbada o gente que está muy enfadada”.

“El lenguaje provocador”, señaló, “no mejora la situación y puede poner a los jueces muy nerviosos”.

Los alguaciles realizaron cientos de investigaciones el año pasado y algunas personas fueron procesadas, según el reporte anual de la agencia para 2016. El servicio federal declinó dar datos sobre amenazas en 2017.

Amenazar de muerte a un juez federal es un delito de Clase C que supone una pena máxima de 10 años de prisión y una multa de 250.000 dólares.