El brutal crimen de un grupo de reporteros en cautiverio destapó una verdad incómoda que ya advertían analistas: entre Ecuador y Colombia opera una frontera del crimen donde el poder del narcotráfico desafía a dos Estados.

Sin haber recuperado los tres cuerpos de los integrantes del equipo de prensa ecuatoriano que estaban en poder de guerrilleros disidentes de las Farc desde el 26 de marzo, los dos gobiernos buscan dar un golpe contundente que reivindique su autoridad en la zona limítrofe donde ocurrió todo.   

Ecuador creía que podía mantenerse a salvo pese a estar conectado por una frontera de selva y ríos de más de 700 kilómetros, que discurre por zonas empobrecidas.

Sin embargo, el histórico abandono y falta de control oficial por los dos lados, y las numerosas trochas ilegales permitieron la operación de bandas que viven del tráfico de drogas, armas y combustible, así como de la minería y la tala ilegales.

La zona es punto estratégico para el envío de droga hacia Estados Unidos desde el Pacífico, y un escenario de “crimen transnacional”, con gran influencia de carteles mexicanos, dice el general colombiano Mauricio Zabala, uno de los responsables militares en la frontera.    

Los ataques que han sembrado el terror en estos últimos meses están focalizados en un área limítrofe pequeña, bañada por el Pacífico y con numerosos islotes y manglares que facilitan la salida de lanchas con cargamento.

La zona conecta a Tumaco, que con 200.000 habitantes es considerado el territorio con mayor concentración de narcocultivos del mundo, y el cantón ecuatoriano de San Lorenzo, de 58.000 habitantes.

Con mayoritaria población negra, enfrentan problemas comunes, como pobreza y criminalidad.

Allí opera el Frente Oliver Sinisterra, responsable de un crimen sin antecedentes en Ecuador. Su líder es Wálter Patricio Arizala, Guacho, quien pasó más de 15 años en la guerrilla, pero se marginó del acuerdo de paz de 2016.

Bogotá y Quito lanzaron una ofensiva militar contra Guacho, exmando medio de las Farc, quien se mueve en ambos lados de la frontera con unos 80 hombres. 

En zonas deprimidas como esta, “se requiere una política económica para que haya sustitución de cultivos, para que los ingresos de sus habitantes no vengan a partir de los narcóticos”, dijo el analista Fernando Carrión.

“Hay que hacer una política multilateral, donde haya cuestiones de economía, de política y obviamente cuestiones militares”, recalcó.

Ahora son 12 grupos los que se disputan el control de los narcocultivos en Tumaco. “No es ninguna consecuencia directa de la desmovilización de las Farc, es una consecuencia del descontrol que ocurre en las fronteras colombianas por el altísimo grado de criminalidad”, señala Mauricio Jaramillo, internacionalista de la Universidad del Rosario.

Instalan equipo forense

Las autoridades colombianas instalaron un equipo forense en Tumaco, ante la posibilidad de que los cuerpos de los tres ecuatorianos asesinados en la frontera sean entregados por las disidencias de las Farc. 

El equipo técnico y científico, que se trasladó desde Cali, “estará disponible sin importar a qué lado de la frontera se encuentren los cuerpos”, dijo el vicepresidente, Óscar Naranjo.

Añadió que: “Colombia tiene todas las capacidades, además en la sede de Tumaco apoyaremos el proceso” de identificación de los cuerpos del equipo periodístico del diario El Comercio, de Quito.

El pasado 26 de marzo, el periodista Javier Ortega, de 36 años; el fotógrafo Paúl Rivas, de 45, y el conductor Efraín Segarra, de 60, fueron secuestrados por disidentes de las Farc en la zona ecuatoriana de Mataje, que hace parte de la provincia de Esmeraldas.

El equipo periodístico recababa información en la frontera sobre los ataques guerrilleros registrados en esa región desde enero pasado.