La principal organización indígena de Ecuador dio un portazo al diálogo abierto con el gobierno para resolver la violenta crisis por ajustes económicos, que en una semana deja cinco muertos y cientos de heridos en manifestaciones.

“Nada de diálogo con un gobierno asesino”, proclamó la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) en un comunicado firmado por su presidente, Jaime Vargas.

El dirigente, que llamó a “radicalizar las acciones” mediante “bloqueos de vías y las tomas” de edificios públicos, habló también frente a los manifestantes que se concentran en un coliseo de Quito.

“¡Vamos a radicalizar con más fuerza, compañeros, y si tiene que denunciar y si tiene que matarme que me maten!”, exclamó Vargas. El dirigente lanzó agua fría a la expectativa alimentada por el presidente Lenín Moreno frente a un posible arreglo con mediación de la Iglesia católica y Naciones Unidas. Ecuador quedó enfrentado a una nueva escalada de la crisis que, además de sumar víctimas, sumió en el caos a la militarizada Quito e interrumpió el transporte de crudo por el principal ducto del país.

La Defensoría del Pueblo cuenta cinco civiles muertos, incluido un dirigente indígena, desde el inicio de la protesta el 2 de octubre. Ocho policías también están en poder de militantes de la Conaie en el coliseo donde hierven los ánimos contra el jefe de Estado.

De su parte, el gobierno dijo que detuvo a 17 extranjeros, la mayoría venezolanos, en el aeropuerto internacional de Quito con información sobre los desplazamientos de Moreno.

Los arrestos confirman “todos los intereses que están detrás del caos en el país”, escribió en Twitter la ministra de Interior, María Paula Romo, en alusión a las denuncias del presidente sobre un supuesto complot para derrocarlo y en el que involucra a su antecesor Rafael Correa y al mandatario venezolano Nicolás Maduro. Ambos líderes rechazan los señalamientos. 

Un sector castigado  

Los pueblos originarios encarnan el descontento social por las reformas económicas que impulsa Moreno en el marco de un programa de millonarios créditos destinados, según él, a salvar de la “debacle” a la dolarizada economía ecuatoriana tras años de “derroche, endeudamiento y corrupción” en el gobierno de su antecesor y exaliado, Rafael Correa.

Entre los ajustes está la eliminación de los subsidios al diésel y la gasolina, lo que disparó las tarifas hasta en un 123%. 

Los indígenas, que representan el 25% de los 17,3 millones de ecuatorianos, son el sector más castigado por la pobreza y en su mayoría trabajan en el campo. Con la liberación de los precios de los combustibles, deben pagar más para el transporte de sus productos al tiempo que temen una escalada inflacionaria.

El miércoles la Conaie mostró músculo con una multitudinaria marcha sobre Quito, la agobiada capital ecuatoriana que lleva más de una semana sin clases ni transporte público, y con el comercio restringido.

Grupos de trabajadores y jóvenes, algunos encapuchados, que apoyan la protesta, se enfrentaron a piedras, palos y bombas incendiarias con la fuerza pública, que respondió con gas lacrimógeno.

Las Fuerzas Armadas asumieron el control del orden público bajo el estado de excepción que impuso Moreno apenas comenzaron las protestas. Incluso el presidente movió la sede de gobierno de Quito a Guayaquil, tradicional fortín de la derecha.

El bastón del gobierno

Unos 74.000 militares y policías han sido desplegados en medio de esta crisis que castiga a la ya vapuleada economía ecuatoriana.

En la Amazonía la ocupación de pozos por manifestantes obligó a paralizar el transporte de petróleo a través del principal ducto, que bombea el 68% de la producción (531.000 barriles por día).

Aun así, Moreno resiste respaldado por el mando militar, los gremios económicos más poderosos y la derecha política a la que se acercó después de romper con el expresidente Rafael Correa, devenido en su mayor adversario político. 

El presidente tuvo un respiro después de que también miles se congregaran el miércoles en Guayaquil, para rechazar la violencia en las protestas.