La crisis social que desató en Ecuador la eliminación de los subsidios a los combustibles paralizó este viernes el transporte público y vació las escuelas por segundo día consecutivo, aunque las fuertes protestas en las calles parecieron amainar bajo el estado de excepción impuesto por el gobierno.

Luego de los disturbios del jueves -que dejaron 35 heridos incluidos 21 policías, además de 350 detenidos, según autoridades-, el pequeño país petrolero sigue lidiando con la huelga de los transportistas, que desafían la medida de excepción.

Sin taxis ni autobuses circulando, los ecuatorianos debieron ingeniárselas para cumplir con sus actividades, mientras las clases están suspendidas por orden gubernamental.

En Quito, solo opera el servicio municipal de transporte -insuficiente para atender la demanda-, por lo que las Fuerzas Armadas habilitaron sus vehículos para movilizar a los ciudadanos. En virtud de la medida de excepción declarada por 60 días, los militares también están en las calles para controlar la seguridad.

“No queremos desestabilizar el país, pero lamentablemente en este momento lo que se está tratando es de sobrevivir”, dijo a la prensa el presidente de la Federación Nacional de Transportistas Pesados, Luis Vizcaíno. “Si se logra bajar un poco las tarifas del combustible creo que puede haber una salida para que el Ecuador vuelva la paz”, añadió. 

El descontento estalló por cuenta del alza de más del 100% en el precio de los combustibles que desencadenó el desmonte de los subsidios por parte del gobierno de Lenín Moreno, tras cuatro de décadas de vigencia.

El Ejecutivo adoptó la impopular medida en acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), para obtener millonarios préstamos ante el desbarajuste de su economía dolarizada. El elevado endeudamiento de los últimos años -que Moreno achaca a su antecesor Rafael Correa- afectó la liquidez, según las autoridades.

Pese a las protestas, Moreno dijo que no cambiará de “opinión” sobre el fin de los subsidios -que al año representaban 1.300 millones de dólares- y apeló al estado de excepción para enfrentar a los manifestantes que en la víspera protagonizaron violentos choques con la policía, saqueos y otros desmanes.

Bajo esa figura constitucional, el presidente quedó facultado para restringir derechos, aunque de momento solo ha empleado esas atribuciones para reforzar el control con los militares. 

“Con el estado de excepción se está logrando el propósito fundamental, el cual es restablecer el orden y la paz social”, expresó el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, en rueda de prensa el viernes en la casa presidencial.

Las manifestaciones del jueves en Quito, a las que se sumaron estudiantes universitarios y sectores de oposición, generaron choques violentos con la policía en los alrededores de la sede de gobierno, donde el viernes se observaban destrozos.
   
Las protestas, que dejan pérdidas diarias por 262 millones de dólares de acuerdo con industriales, también se sintieron con fuerza en Guayaquil, de las ciudades más pobladas de Ecuador. Organizaciones de indígenas y sindicales prevén protestar en los próximos días contra la política económica de Moreno, en el poder desde 2017.
   
Sin mayoría en el Congreso y las encuestas en contra, Moreno encara las primeras consecuencias del acuerdo de marzo con el FMI para acceder a créditos por 4.209 millones de dólares.
   
La eliminación de subsidios disparó los precios. El galón americano de diésel pasó 1,03 dólares a 2,30 dólares y el de gasolina corriente de 1,85 a 2,40 dólares.
   
El ministro de Transporte, Gabriel Martínez, indicó que el Ejecutivo hará un “ajuste” en los pasajes de autobuses interprovinciales e impulsa a que los municipios hagan lo mismo con la transportación urbana y de taxis, que están a su cargo.
   
“Pero esta subida del pasaje, que será moderada, que será justa y que será técnica, no deberá tener consecuencias en los (precios de los) demás productos”, añadió.
   
Antes de que la izquierda asumiera el poder en Ecuador, en 2007, protestas sociales dieron paso al derrocamiento de tres presidentes, dos de los cuales intentaron ajustes económicos.
   
Además del FMI, otros organismos multilaterales también entregarán 6.070 millones de dólares en préstamos a la administración de Moreno, que por falta de liquidez ha emitido bonos por más de 10.000 millones de dólares.  
   
La deuda externa pública de Ecuador subió en 47% en el actual gobierno (a 39.491 millones de dólares, 36,2% del PIB).