El Congreso de Guatemala tiene en sus manos la abolición de la pena de muerte, tras un histórico fallo de la máxima instancia judicial del país que derogó su uso en los cinco delitos en los cuales aún era aplicable.

Los diputados deberán aprobar un decreto para abolir ese castigo, que se ejecuta por medio de una inyección letal, dijo a periodistas Marlon García, uno de los ponentes de una acción de inconstitucionalidad contra la pena capital.

La Corte de Constitucionalidad (CC), máxima instancia judicial de Guatemala, aceptó el recurso de dos abogados y derogó la pena de muerte para cinco delitos del Código Penal: parricidio, ejecución extrajudicial, secuestro, desaparición forzada y magnicidio.

La CC argumentó que la imposición de la pena de muerte viola principios consagrados en la Constitución y convenios internacionales, en especial la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

En Guatemala, la Corte de Constitucionalidad está por encima de la Corte Suprema de Justicia.

“Con esta resolución, la CC expulsa la figura de la pena capital, prácticamente inexistente en el ordenamiento dentro de los delitos para ser aplicada. Esto le abre la puerta al Congreso para hacer una manifestación política para abolir la pena de muerte”, afirmó García.

Asimismo, aseguró que con el fallo judicial, Guatemala se suma a “los países que ya no regulan la pena de muerte y no podrá ser aplicable en un futuro. Prácticamente lo sucedido es una abolición judicial de la pena capital”.

El procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, celebró el fallo al destacar que “no es dando muerte a los seres humanos como se consolida la paz”, al tiempo que existen convenios internacionales que protegen el derecho fundamental de la vida.

En tanto, la Premio Nobel de Paz 1992, la guatemalteca Rigoberta Menchú, se congratuló por la decisión al considerar que ese castigo era “legalizar que se puede matar a alguien, y nadie tiene el derecho de quitar la vida, pero sí castigar su conducta con toda severidad y condenar enérgicamente los crímenes”.

Un castigo sin aplicar 

El investigador del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales, Javier Monterroso, aclaró que el fallo no elimina la pena capital, sino que dejó “sin efecto los supuestos para imponer esa pena”, toda vez que es el Congreso el que tiene en sus manos su abolición.

El fallo de la CC es rechazado por sectores conservadores del país, quienes consideran que la pena capital es un disuasivo para la violencia criminal, que deja unos 6.000 muertos cada año, uno de los índices más altos de Latinoamérica.

El diputado oficialista Marcos Yax criticó la decisión pues dejar sin efecto la pena de muerte “es enviar un mensaje catastrófico a todo aquel delincuente que está pendiente con la ley”.

Yax, junto a otros parlamentarios, presentó un proyecto para reactivar la pena de muerte el año pasado, pero fue rechazado por el pleno del Congreso.

En marzo de 2016, la CC derogó la pena de muerte por el delito de asesinato, pero la mantuvo para esos cinco delitos que derogó.

La aplicación de la pena de muerte en Guatemala está suspendida desde el año 2000 por un vacío legal surgido cuando el entonces presidente Alfonso Portillo (2000-2004) pidió al Congreso derogar la potestad que tenía el presidente de otorgar un indulto a los condenados a muerte.

Sin embargo, el legislativo no determinó a quién le corresponde el último recurso al que tienen derecho los sentenciados.

Con la decisión de la CC, la pena máxima vigente es de 50 años de prisión.

El último reo en ser ejecutado por inyección letal fue Manuel Martínez, el 10 de febrero de 1998, condenado por el asesinato de una familia.