El gobierno español confirmó este miércoles que baraja suspender la autonomía de Cataluña si su presidente Carles Puigdemont no da marcha atrás en 24 horas a su desafío independentista sin precedentes.

"Si no es atendido" el requerimiento del gobierno español, "hará que el señor Puigdemont provoque la aplicación del artículo 155" de la Constitución, que contempla la suspensión de la autonomía si su gobierno no respeta la ley, dijo ante el Congreso la vicepresidenta, Soraya Saénz de Santamaría.

La amenaza se produce en un clima más tenso aún por el encarcelamiento a la espera de un eventual juicio por sedición de dos líderes independentistas, Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, que pasaron su segunda noche en la cárcel, una decisión judicial que fue contestada con movilizaciones en toda Cataluña el martes. 

Este jueves a las 10:00 vence el plazo para que Puigdemont aclare al gobierno de Rajoy si declaró o no la independencia en una confusa sesión en el Parlamento catalán.

En el primer plazo, que concluyó el lunes, Puigdemont se limitó a ofrecer diálogo.

"Lo único que le pido al señor Puigdemont es que actúe con sensatez, que actúe con equilibrio", le instó Mariano Rajoy en la misma sesión parlamentaria.

En caso de que su respuesta no sea satisfactoria, el gobierno español podría adoptar la decisión de activar el Artículo 155, que requerirá además la aprobación de la cámara alta, el Senado, donde el Partido Popular de Rajoy tiene mayoría absoluta.

El trámite en el Senado podría durar varios días.

El diputado Jordi Xuclá, de Junts pel Sí, la coalición que gobierna Cataluña, le respondió a Rajoy que la aplicación del 155 constituiría "un grave error (...) de aplicación efectiva más que dudosa y difícil".    

Las medidas a tomar, gran incógnita del artículo 155
   
Ni la vicepresidenta ni Rajoy aclararon que medidas concretas significará el uso de ese artículo de la Constitución de 1978 que nunca hubo que usar a fondo, pero los partidos de la oposición que apoyan la medida, el Partido Socialista y Ciudadanos, quieren desemboque en la convocatoria de elecciones regionales.

El jefe de Gobierno español, Mariano Rajoy, inició hace una semana los trámites para poder aplicar el artículo 155 de la Constitución en respuesta la ambigua ponencia de Carles Puigdemont ante el parlamento regional el 10 de octubre en la que abrió la puerta a una declaración de independencia pero propuso suspenderla.

Rajoy envió un requerimiento a Puigdemont para que aclare formalmente si declaró la secesión, primer paso para aplicar este mecanismo que le permitiría tomar el control de la región y nunca se usó plenamente.

España es un país muy descentralizado y la Constitución adoptada en 1978 confiere a sus 17 comunidades autónomas amplios poderes en materia de salud y educación, por ejemplo.

Pero incluye una disposición que permite al poder central intervenir directamente en los asuntos de una región en caso de crisis.

En el caso de la crisis catalana, la más grave desde el regreso de la democracia en España, el Tribunal Constitucional falló que el referéndum de autodeterminación llevado a cabo por el Ejecutivo catalán el 1 de octubre fue inconstitucional.

Los independentistas afirman haberlo ganado con el 90,18% de los votos y planean una declaración unilateral de independencia que está de momento en el limbo.

En 1989, el entonces presidente, el socialista Felipe González, no fue más allá del requerimiento al líder de las islas Canarias por un asunto de aranceles, que acabó solucionándose con negociaciones y sin suspensiones.

El artículo no especifica cuáles son esas "medidas necesarias", de ahí la incertidumbre en torno a su eventual aplicación. 

Según los juristas consultados por la AFP, permitiría tomar el control de los órganos políticos y administrativos de la comunidad autónoma rebelde, implicaría la suspensión temporal de la autonomía de la región, y podría significar la sustitución de funcionarios y cargos electos.