El Gobierno de Chile comenzó este fin de semana pasado una nueva etapa en el control de inmigrantes, orientada a detectar a los extranjeros que no cuenten con sus documentos regularizados, anunciaron este domingo las autoridades del Ministerio del Interior.

La medida se encuadra en una reforma migratoria que el Gobierno del presidente Sebastián Piñera emprendió en abril del 2018 con un proceso de regularización extraordinaria, que culminará el 22 de julio próximo.

Desde que comenzó el programa, también han sido expulsados más de 2.000 inmigrantes involucrados en hechos delictivos y cerca de 1.300 haitianos se han acogido a un plan de regreso humanitario a su país de origen.

La búsqueda de inmigrantes irregulares se concentrara en trece ciudades chilenas, principalmente capitales regionales y consistirá principalmente en controles aleatorios o al azar en lugares públicos, según las fuentes.

El objetivo, indicó el Ministerio del Interior, es “la detección de irregularidades migratorias y la detección de infracciones en el área laboral, ya sea por la contratación de inmigrantes irregulares, sin permisos de trabajo o por la vulneración de sus derechos fundamentales”.

La acción estará a cargo de la Policía de Investigaciones (PDI), cuya función será constatar la identidad de la personas y, en caso de haber irregularidades, informar de inmediato al Departamento de Extranjería, según dijo el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla.

Agregó en un punto de prensa que el Departamento de Extranjería deberá citar, en un plazo determinado, a la persona, que podrá presentar sus documentos en el caso de no haberlos portado al ser fiscalizada por la PDI.

“Si no es así, se le darán plazos para regularizar su situación migratoria, si es que puede cumplir con las exigencias que la ley establece”, indicó.

El Gobierno anuncio que también serán fiscalizadas las empresas, a fin de regularizar eventualmente la situación de sus trabajadores inmigrantes.

En declaraciones a medios locales, la diputada socialdemócrata Andrea Parra criticó las fiscalizaciones masivas y sostuvo que con esa clase de procedimientos, el Gobierno se excede en sus atribuciones.

Sobre esa base, anunció que recurrirá al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INH) y a la Contraloría General de la República a fin de que se pronuncien acerca de la legalidad de esos procedimientos.

También la Asociación de Migrantes cuestionó la medida y señaló a través de su presidente, Rodolfo Noriega, que con ella se pretende criminalizar a los extranjeros.

“Se está criminalizando el tema de la migración. No han asumido responsabilidad con el tema de la regularización migratoria”, dijo Noriega, quien añadió que el Gobierno, en más de un año, no ha resuelto las 155.000 solicitudes presentadas por inmigrantes en el proceso de regularización.

Según cifras del estatal Instituto Nacional de Estadísticas (INE), al 31 de diciembre de 2018 la población de inmigrantes en Chile era de 1.251.225 personas, de las que el 51,6 por ciento corresponde a hombres y el 48,4 por ciento a mujeres.

La mayor población de extranjeros corresponde a venezolanos, con 288.233 personas, equivalentes al 23 por ciento del total, mientras los peruanos suman 223.923 personas, los haitianos son 179.338 y en el cuarto lugar están los colombianos, con 146.582 personas.