La fiscalía peruana pidió este jueves a la justicia que prohíba salir de Perú al expresidente Alan García, al ampliar una investigación por presuntos sobornos pagados por la empresa brasileña Odebrecht.
   
El expresidente socialdemócrata, quien reside en España, había llegado este jueves a Perú para declarar ante un fiscal por el escándalo del contrato para la construcción de una línea del metro de Lima durante su segundo mandato (2006-2011).
   
García, de 69 años y quien es investigado por el contrato del metro desde marzo de 2017, es uno de los cuatro expresidentes peruanos bajo la lupa de la fiscalía por las dádivas de Odebrecht en Perú.
   
"Hoy (jueves) llegó el pedido de la fiscalía al nuevo sistema anticorrupción (de la justicia). Va a haber un pronunciamiento y luego una resolución" del juez Juan Carlos Sánchez Balbuena, declaró a la AFP una fuente del poder judicial, que pidió reserva de su identidad.
   
La solicitud de la fiscalía coincide con la difusión en la prensa de que García recibió un pago de 100.000 dólares, provenientes de la caja de fondos ilícitos de Odebrecht, por dictar una conferencia a empresarios brasileños en San Paulo en mayo de 2012.
   
El pago de la conferencia fue develado en el portal de periodismo de investigación IDL-Reporteros, que viene filtrando resoluciones y testimonios de las causas ligadas a Odebrecht y de otros escándalos de corrupción.
   
"Refrito y falsedad de IDL", replicó García en Twitter, al negar que hubiese algo ilícito en el pago de su conferencia en Sao Paulo.  
   
"De mis 34 conferencias internacionales, una fue ante la Federación Industrial de Sao Paulo contratada por la agencia Spinola. Hubo prensa del Perú y Brasil y pagué aquí impuestos sobre ella", agregó García.
   
Según IDL-Reporteros, el intermediario para dicha operación fue el brasileño José Américo Spinola, quien se acogió a la delación premiada en Brasil en el marco del escándalo Odebrecht. 
   
El caso de las supuestas dádivas de Odebrecht en Perú mantiene en prisión provisional a la poderosa líder opositora Keiko Fujimori desde el último día de octubre.
   
También mantiene bajo la lupa de la fiscalía a los exmandatarios Alejandro Toledo (2001-2006), quien escapó a Estados Unidos y ahora enfrenta un pedido de extradición; Ollanta Humala (2011-2016), quien estuvo en preso nueve meses con su esposa Nadine; y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), quien renunció en marzo agobiado por denuncias de corrupción. 

El fiscal que mandó a Keiko a prisión

La investigación del pago de la conferencia, como ampliación del caso de la línea del metro, fue dispuesta por el fiscal anticorrupción José Domingo Pérez, en base a nuevos documentos recibidos de la fiscalía brasileña sobre el caso Odebrecht. 
   
El fiscal Pérez es el mismo que pidió la prisión preventiva por 36 meses para la hija mayor del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), acusada de recibir aportes ilegales de Odebrecht en su campaña de 2011.
   
La fiscalía sostuvo que estos documentos justifican "la realización de diversos actos de investigación urgentes e inaplazables" que involucran a García, por lo cual busca impedir que salga del país.
   
La investigación preliminar tiene por objeto determinar si ocurrieron los hechos denunciados y si constituyen delito, según la fiscalía.   
   
IDL-Reporteros aseguró que "nuevos correos electrónicos y confesiones de delatores premiados demuestran pago oculto de Odebrecht al expresidente Alan García". 
   
Según el portal, Odebrecht pagó los 100.000 dólares a García por dicha conferencia con fondos de la llamada "caja 2", conocida también como caja de "operaciones estructuradas", de donde salían los aportes ilegales de campaña a candidatos y sobornos a funcionarios.    
   
García acudió temprano en la mañana a declarar ante el fiscal Pérez por el caso de la línea uno del Metro de Lima, pero la diligencia fue suspendida a último minuto.
   
El partido Apra, de García, denunció en Twitter una "persecución" política, en forma similar al partido fujimorista por la suerte de Keiko.
   
Varios funcionarios del segundo gobierno de García están presos por supuestos sobornos para otorgar el contrato de la línea del metro a Odebrecht.
   
Perú es uno de los países más afectados por la saga de corrupción de Odebrecht.