Un fiscal impulsó el martes una investigación contra el presidente argentino Mauricio Macri y dos de sus ministros por la firma de un controvertido decreto que permite que familiares de funcionarios públicos ingresen al blanqueo de capitales, lo que había prohibido una ley.

El decreto permite que puedan blanquear bienes y tenencia de efectivo padres, cónyuges e hijos de funcionarios si éstos justifican que se trata de bienes adquiridos antes de haber llegado a la función pública.
 
El fiscal federal Guillermo Marijuán pidió al juez federal Ariel Lijo una serie de medidas de prueba por la presunta comisión de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad por parte de Macri; el jefe de gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Hacienda y Finanzas Públicas, Alfonso Prat-Gay, quienes estamparon recientemente su firma en el polémico decreto.
 
El fiscal impulsó una denuncia de la diputada opositora Victoria Donda, quien cuestionó que mediante el decreto, el poder ejecutivo modificó el espíritu de una ley aprobada este año que excluía del blanqueo a familiares de funcionarios que ocupan cargos en el marco de un plan de sinceramiento fiscal del oficialismo.   
 
"Tenemos la plena convicción de que lo que se hizo con el decreto no está dentro de esas tipificaciones que plantea el fiscal. Hay una enorme tranquilidad por la medida que hemos tomado", se defendió Peña durante una conferencia de prensa donde fue consultado sobre la reciente medida judicial.
 
La investigación judicial está en una etapa inicial, sujeta a las decisiones que tome el juez para avanzar en la pesquisa.

El decreto fue muy cuestionado por la oposición, algunos de cuyos miembros afirmaron que el cambio obedeció a una decisión del presidente de beneficiar a su padre, el adinerado empresario Franco Macri.
 
"(El decreto gubernamental) nos dejó boquiabiertos a todos los legisladores que participamos de los debates (de la ley en el Parlamento), ya que se incluyó la prohibición por explícito pedido del diputado Felipe Solá, quien con toda razón sospechaba que el blanqueo podía abarcar a funcionarios de este o el anterior gobierno que hubieren evadido impuestos o fugado dinero mal habido", señaló Donda.

Por el plan de sinceramiento los argentinos han declarado en los últimos meses más de 20.000 millones de dólares en efectivo, bienes y fondos en cuentas. Aunque no hay cifras oficiales, se estima que hay ciudadanos que no han declarado unos 200.000 millones de dólares.

El blanqueo de capitales fue lanzado durante la presidencia de Cristina Fernández (2007-2015) y prorrogado por Macri, su sucesor.