El exvicepresidente argentino Amado Boudou fue detenido este viernes en una causa por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, en medio de una serie de medidas judiciales contra integrantes del gobierno de Cristina Kirchner y de la propia exmandataria (2007-2015) por presunta corrupción.

El juez federal Ariel Lijo ordenó el arresto de Boudou, de 54 años, quien fue vicepresidente del segundo gobierno de Kirchner entre 2011 y 2015, tras haber sido ministro de Economía desde 2009 a 2011, alegando que aún tiene contactos como para entorpecer la investigación iniciada en 2012.

Tras ser detenido por agentes de la Prefectura (policía naval) antes de las 08H00 locales (11H00 GMT) en su domicilio, en un edificio del exclusivo barrio bonaerense de Puerto Madero, fue llevado esposado a los tribunales para ser indagado.

En el interrogatorio, Boudou consideró "ilegal y arbitraria" su detención, pidió ser excarcelado y recusó al juez por falta de imparcialidad.

Si el juez no le otorga la excarcelación, el exvicepresidente será trasladado al penal de Ezeiza, 30 km al sur de la capital, informaron fuentes judiciales.

Según la causa, hay unos 80.000 dólares sin justificar en su declaración jurada de 2002 e inconsistencias detectadas en los peritajes sobre 111 declaraciones patrimoniales entre 2002 y 2012.

Otro punto cuestionado es la compra de un departamento de 120.000 dólares por parte de su exnovia Agustina Kämpfer en 2010, adquirido supuestamente con un préstamo del hermano de Boudou que no estaría acreditado.

Tras un demorado resultado del peritaje contable, el fiscal Di Lello pidió al juez citarle a indagatoria para que Boudou justifique su patrimonio, pero el magistrado fue más allá.

Lijo ordenó también la detención del socio, amigo y presunto testaferro de Boudou, José María Núñez Carmona, y citó a indagatoria a su exnovia, la periodista Agustina Kämpfer y a Alejandro Vanderbroele, otro supuesto testaferro.
   
Detención polémica

Más allá de las acusaciones de la causa, generó polémica la decisión de detener a un exfuncionario antes de ser indagado y pese a que nunca evitó las citaciones judiciales, y cuando la prisión preventiva se aplica solo cuando hay peligro de fuga o de entorpecer la investigación.

"Me sorprende la orden de detención. Es una causa que lleva cinco años de trámite y estuvo a derecho", declaró al canal C5N el abogado de Boudou, Eduardo Durañona.

El diputado de Cambiemos (alianza del presidente Mauricio Macri) Pablo Tonelli se congratuló por la detención al considerar que demuestra que "ya no hay impunidad para nadie".

"Viva la República", tuiteó la diputada oficialista Elisa Carrió, respaldada por 50% de los votos capitalinos en las últimas legislativas.

Kirchner, en cambio, señaló que la detención de Boudou --que no tiene cargos ni participó de las elecciones-- forma parte de "una maniobra de disciplinamiento" de opositores. 

"El gobierno del presidente (Mauricio) Macri está utilizando al Poder Judicial para perseguir a dirigentes opositores", advirtió un comunicado de la coalición kirchnerista Unidad Ciudadana.
   
Los 'K' en la mira
   
Boudou enfrenta desde el 3 de octubre el juicio oral por presunto cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública, acusado de intentar comprar en 2010 a través de un testaferro y cuando era ministro de Economía una empresa privada dedicada a fabricar documentos públicos y el papel moneda.

La detención de Boudou se produjo al día siguiente de que la justicia confirmara el procesamiento de Kirchner y un embargo millonario en una causa por asociación ilícita y fraude.

La expresidenta, de 64 años, que asumirá el 10 de diciembre como senadora y ha denunciado una persecución judicial, está acusada de presuntamente otorgar obras valoradas en 2.2000 millones de dólares a un solo empresario, el detenido Lázaro Báez, en la provincia patagónica de Santa Cruz (sur).

En Argentina, los fueros parlamentarios protegen de una eventual detención pero no del avance de causas judiciales.

Además, la semana pasada, fue arrestado el exministro Julio De Vido, a cargo de la obra pública durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner (2003-2015).

De Vido fue desaforado como diputado para ser detenido, acusado de desvío de fondos en importaciones de gas licuado y en la central térmica a carbón de Río Turbio, en la Patagonia.